Logramos que la garantía de derechos de niñas y niños de 0 a 3 años, incluyendo el aprendizaje, fuera prioridad en la política pública nacional. Esta etapa es fundamental para que las personas puedan desenvolverse plenamente en todos los ámbitos a lo largo del resto de la vida, y la  mejor inversión de mediano plazo para la justicia y prosperidad del país. No sólo por su futuro, sino porque en su presente están en la etapa de máxima expansión de capacidades y a la vez de mayores requerimientos de cuidado, deben garantizarse todos sus derechos. En 2014 planteamos que esta etapa de la vida de las niñas y niños esta invisibilizada y que el arreglo institucional que sostiene el interés superior estaba quebrado y era insuficiente. Hemos luchado para hacerlos visibles, fortalecer a las instituciones encargadas de su cuidado, apoyado en el diseño y aprobación de la Ruta Integral de Atenciones y de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, afinar los criterios de  gasto público y activar a la sociedad civil, con la co-fundación del Pacto por la Primera Infancia.

Desde 2010 denunciamos con evidencia el mal manejo de plazas y pagos a docentes. El factor más importante para los aprendizajes de las niñas, niños y jóvenes es el desempeño de sus maestras y maestros, y por ello es crucial mejorar las condiciones en las que las y los docentes ingresan y permanecen en las escuelas. Hace 15 años los mecanismos institucionales responsables de asegurar la presencia de docentes en el aula mostraban serias dificultades para lograr su cometido. Generaciones enteras de maestras y maestros sufrieron con mecanismos informales o ilegales, como la venta de plazas, el tráfico de influencias, el clientelismo político y la herencia para acceder a una plaza docente y llegar a un aula. Ante ello, en 2015 impulsamos reformas normativas para modificar las prácticas institucionales y garantizar los derechos de los maestros a contar con procesos públicos, imparciales, equitativos y transparentes.

Luchamos por el reconocimiento pleno del derecho a estar, aprender y participar en las reformas al artículo 3º constitucional. Hasta 2013, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fijaba sus prescripciones educativas en la oferta de servicios y contenidos curriculares, no en los derechos de las y los niños. Desde 2013  fueron incorporadas nociones claves dentro del texto constitucional, que reconocieron aspectos relevantes para el derecho a la educación de la niñez y juventud. Entre 2007 y 2022 no sólo realizaron casi la mitad de las reformas en la historia del artículo 3º constitucional, sino que además se produjeron importantes modificaciones a disposiciones presupuestales. De hecho, 25 de las 35 reformas a la Ley General de Educación se realizaron en este periodo. Los cambios ocurridos en 2013 y en 2019 incorporaron conceptos relativos a los derechos docentes, aprendizaje, equidad, inclusión y rectoría educativa, por mencionar algunos de los más relevantes.

Impulsamos el liderazgo de las y los directores escolares. Desde 2007 hemos visualizado la importancia de formación que los directores escolares requieren. De acuerdo a un diagnóstico que realizamos en 2013, las y los directores reportaron dedicar mucho tiempo a actividades administrativas y de gestión, así como tomar decisiones por su cuenta sin consultarlas ni conversarlas con la comunidad escolar. Por esa razón hemos reconocido a decenas de directoras y directores que se esfuerzan por mejorar su formación e impulsar las prácticas orientadas a garantizar el derecho a aprender de sus estudiantes. También apoyamos la creación de un Diplomado Internacional de Liderazgo Educativo, con la Universidad de Cambridge y el Tec de Monterrey, destinado a directores de reciente nombramiento, a fin de acortar la curva de aprendizaje para que sus prácticas transformen la gestión, el liderazgo pedagógico y la articulación con la comunidad.

Por su logro educativo, 133 docentes y directivos ejemplares han recibido el Premio ABC. El reconocimiento busca identificar a educadores profesionales, maestros(as), directores(as), asesores(as) técnico-pedagógicos, supervisores(as), especialistas en eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, y a miembros de comunidades de aprendizaje quienes, con su ejemplo e iniciativa, logran que sus escuelas avancen de manera progresiva en la garantía del derecho a aprender. La sociedad civil descubre su acción y legado, y se multiplican sus posibildades de incidencia y ejemplaridad.

Comparamos el desempeño educativo entre los estados y ofrecimos en todo momento propuestas para mejorar. Hemos construido marcos analíticos para comparar la gestión y los resultados educativos de las entidades federativas, considerando las diferencias entre sus contextos y estableciendo un piso parejo según su punto de partida socioeconómico, cultural y educativo. En efecto, el Índice Compuesto de Eficacia (ICE), el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) y el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) han comparado desde 2007 la atención que brindan las 32 entidades federativas a las diferencias entre aprendizaje, cobertura y permanencia, así como el apoyo que brindan a los maestros, las escuelas y la participación social.



En 2011 fuimos cofundadores de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación (REDUCA) y desde entonces trabajamos unidos por una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad. REDUCA está compuesta por organizaciones provenientes de dieciséis países latinoamericanos que trabajan por un objetivo común: garantizar a todos los niños, niñas y jóvenes de la región el derecho a  aprender. La suma voluntaria de las experiencias de las organizaciones participantes ha contribuido a fortalecer su presencia en sus respectivos países y en la región. Juntos hemos abierto espacios de diálogo con los ministros de educación de Latinoamérica y Caribe, organismos internacionales y redes locales, para compartir experiencias e iniciativas locales para fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil.

El derecho a la educación en México tiene garantías explícitas en la Constitución y las Convenciones a las que el país ha adherido. Sin embargo, en los hechos, existen múltiples formas encubiertas y estructurales que impiden su ejercicio efectivo para todas las niñas, niños y jóvenes. En consecuencia, en diversas ocasiones ha sido necesario activar al Poder Judicial para que las autoridades educativas actúen conforme a lo previsto por este derecho. En el año 2013, Aprender Primero surge como brazo jurídico de Mexicanos Primero, buscando concretar, por la vía jurisdiccional,  el cumplimiento del derecho a aprender. La educación es más que  un servicio, una política pública o un bien económico; es ante todo un derecho humano, y como tal es exigible a través de los mecanismos de protección establecidos tanto en las leyes nacionales como en tratados internacionales. Por ello hemos apoyado, en los tribunales, las demandas de las familias a contar con una mejor infraestructura escolar, una atención de calidad para los jóvenes en reclusión y para aquellos con discapacidad, o para que los estudiantes cuenten con ciclos escolares completos, la honestidad en el uso de los recursos públicos y la importancia de las consultas.

Demostramos que la evaluación puede y debe orientarse a saber qué tanto se cumple el derecho a aprender para cada niña y niño, y focalizar los esfuerzos para que se ejerza sin restricciones, sin discrimación y con equidad. La evaluación de aprendizajes no sólo es un instrumento de política pública y rendición de cuentas, es por encima de todo el derecho a contar con un diagnóstico personal para identificar el nivel efectivo de aprendizaje de cada niña y niño, independientemente de su edad o grado escolar. Sin un diagnóstico, los estudiantes no pueden tener acceso a medidas inmediatas de atención. Por esa razón hemos exigido conocer los resultados educativos alcanzados en cada escuela, entidad federativa y a nivel nacional; en segundo lugar, hemos planteado que todas las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a saber su nivel en aprendizajes esenciales; y en tercer lugar que las evaluaciones debe servir para mejorar la atención de cada uno de ellos. Por esa razón hemos exigido la divulgación y la continuidad de las evaluaciones nacionales de PISA, defendido la aplicación censal de la prueba ENLACE y la aplicación rigurosa de PLANEA, además de  impulsar ejercicios como MIA que involucran a las familias y las y los estudiantes mismos.

Hacer realidad el derecho  a la educación para todas y todos requieren la construcción de consensos en torno al fortalecimiento y ampliación de las políticas de equidad e inclusión. Por esa razón, desde 2007 seguimos denunciando, proponiendo y mostrando evidencia en el espacio público respecto al cumplimiento del derecho a aprender, desde publicación de libros y artículos en revistas especializadas hasta participación en foros y entrevistas, además de eventos de manifestación simbólica y campañas en radio, televisión y calle y haciendo propuestas para avanzar en la trasformación educativa en las escuelas públicas. Nuestra presencia en medios tanto tradicionales como en redes sociales y otros espacios de opinión pública nos permite ser un medio para la defensoría de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, razón por la cual, hemos incluido todas las voces que coincidan con ese propósito.

Activamos a la comunidad escolar abriendo espacios para la participación en la política educativa, con campañas, asesorías y un proceso de “escucharnos” que es fundamental para la congruencia de la organización. La simple existencia de políticas es insuficiente para generar las transformaciones educativas que México necesita. La política pública traza una ruta de cambio, pero este cambio sólo se alcanzará si los agentes no se reducen a funcionarios y gestores, sino que se abre a los agentes en territorio, en sus contextos específicos, y se reconoce su compromiso y su capacidad para hacerlo. Los actores más relevantes y determinantes, en la implementación de políticas, son los que en el contexto local, aterrizan, ejecutan, adaptan, monitorean, evalúan y retroalimentan estas políticas. Por eso hemos buscado abrir espacios y mecanismos de participación y comunicación, promover un marco regulatorio adecuado, exigir información suficiente y adecuada, promover la formación de habilidades técnicas y mayores recursos económicos, materiales y de personal para contar con lo necesario para lograr los objetivos, para llegar a directores, docentes, familias y los propios niñas y niños como co-constructores de las soluciones educativas.

Conscientes de la importancia de entender desde lo local los resultados educativos, promovimos la creación de iniciativas ciudadanas más cercanas a las condiciones de cada entidad del país. En Michoacán, desde 2009, ese capítulo trabaja con la convicción profunda de lograr el cambio social sostenible para que los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sigan expandiendo, reconociendo el esfuerzo de las maestras y maestros e impulsando a los funcionarios a cumplir y hacer cumplir la ley. En Jalisco, desde 2013, se busca un cambio en la cultura cívica a través de la educación como eje de justicia y prosperidad en el país. En Sinaloa desde 2014 se plantearon que la mejor forma para llegar a ser una sociedad justa, pacífica, equitativa e incluyente es a través de la educación. Con el activismo unido en Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México buscamos expandir nuestra capacidad para exigir el cumplimiento del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes. También mantenemos colaboración e intercambio con organizaciones aliadas que nos permiten aprender de su acción y reflexiones.

Realizamos diversas y rigurosas investigaciones sobre el estado de la educación en México. Hemos publicado 22 reportes de investigación durante nuestra trayectoria como organización de la sociedad civil, con el propósito de poner en la mesa del diálogo público los grandes problemas existentes en el Sistema Educativo Nacional y configurar sus posibles soluciones. Nuestro papel de impulsores de la participación social en la agenda educativa no puede reducirse a una demanda genérica; requiere un sólido arraigo en el conocimiento útil, actualizado y preciso y nos compromete a generar propuestas, modelos y estrategias con el máximo de evidencia empírica, factibilidad y consistencia intelectual. Por esa razón, reflexionamos sobre el sentido  mismo del aprendizaje, como inherente a las personas y comunidades, buscamos visibilizar las causas que generan las brechas educativas, la interrupción de las trayectorias escolares y los bajos resultados de aprendizaje. También hemos planteado metas para la transformación educativa, así como una agenda específica de políticas para la transformación y para la construcción de escuelas públicas inclusivas, reconociendo la diversidad y la pluralidad de metodologías y acercamientos.

Impulsamos un regreso seguro a la escuela, de forma presencial. Desde principios de 2021 emprendimos una campaña para exigir a las autoridades educativas apoyar a las escuelas para que se hiciera un regreso presencial a las clases con protocolos basados en la ciencia y con ajustes a la dinámica cotidiana de ocupación de la infraestructura. Así mismo, emprendimos una investigación de campo para conocer los impactos de la educación a distancia y de la reapertura de escuelas, reconocida por UNESCO, UNICEF y Banco Mundial en sus reportes internacionales. Planteamos la necesidad de discutir públicamente y contar con ajustes para actividades presenciales a fin de contrarrestar los daños a niñas, niños y jóvenes ocasionados por el encierro, las clases a distancia y la falta de convivencia, tanto en lo socioemocional como en lo cognitivo y académico. Para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, exigimos alistar a las escuelas publicando listados sobre sus condiciones físicas, elaborando protocolos sanitarios, impulsando la participación de las comunidades escolares y contemplar la atención socioemocional de maestros y estudiantes. En concordancia con esta demanda, y ante las omisiones en la reapertura de escuelas, presentamos Índice de Regreso, que combina información sobre el nivel de urgencia educativa en cada escuela y las oportunidades para el regreso presencial de acuerdo al tamaño de las escuelas, el entorno epidemiológico y la vulnerabilidad de las familias, otra práctica reconocida por la UNESCO.

Hemos sostenido, desde nuestra fundación, que no podemos dejar a nadie atrás y a nadie fuera. Desde nuestros inicios, fijamos la mirada en aquellas niñas, niños y jóvenes que han sido invisibilizados en las estadísticas oficiales: niñas, niños y jóvenes en zonas de alta marginación de ciudades o de localidades pequeñas; con alguna condición de discapacidad; de identidad indígena; hijos de jornaleros agrícolas; migrantes que cruzan el país; personas en situación de calle o de hospitalización; jóvenes en reclusión y todas y todos quienes por su situación no están, no aprenden y mucho menos tienen la oportunidad de participar en las escuelas. Por ello, hemos insistido y seguimos presionando por la necesidad de crear verdaderas escuelas inclusivas en donde todas y todos puedan ejercer su derecho a aprender y en donde el Estado se adapte a las necesidades de estos grupos y no sean ellos y sus familias quienes tengan que adaptarse al sistema. Igualmente proponemos abrir la mirada al aprendizaje en todo tiempo y lugar, en el plurilingüismo que va desde la lengua materna y las lenguas francas hasta las artes y la codificación, las dimensiones éticas, de servicio y de compromiso político ciudadano, lo intuitivo, lo lúdico, lo comunitario y el descubrimiento; el discernimiento ético y la búsqueda de justicia. 

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