Reconciliar el derecho a la educación y la libertad de expresión

Escrito por Javier Rojas el 17 Junio 2019. Publicado en Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 257

Publicado en Animal Político 15|4|2019

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta en la conferencia de prensa matutina del 4 de abril que dejó entrever la tensión inherente entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación. Tras preguntarle si tenía pensado hacer algo para impedir una posible marcha de 40 mil maestros en la Ciudad de México en el marco de la votación del dictamen de la iniciativa de reforma educativa, el Ejecutivo Federal respondió que no porque los maestros “tienen derecho a manifestarse” y porque esto no había resultado en paros frecuentes ni se había dejado a los alumnos sin clases.

Si bien es cierto que una democracia debe proteger el derecho a la libertad de expresión y proteger los derechos laborales de los maestros, también es cierto que un régimen político de esta naturaleza debe proteger el derecho a la educación. Antes de pensar cómo reconciliar la tensión inherente entre ambos derechos es preciso comprender los costos y lógica de los paros del magisterio.

Las acciones de protesta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha impulsado han sido efectivas para abrir espacios de diálogo y mesas de negociación con las autoridades. La efectividad radica en su poder disruptivo: ya sea por las molestias que los bloqueos causan entre la población, o las complicaciones por las que las familias atraviesan cuando sus hijos se quedan sin clases, estas acciones elevan el costo para que las autoridades cedan a sus demandas, especialmente si no quieren enfrentar a grupos que recurren a acciones ilegales, como el bloqueo a recintos cruciales para la democracia, como la misma Cámara de Diputados, espacio que el gobierno federal permitió que la CNTE bloqueara hace unas semanas.

Los costos de las acciones que dejan sin clases a niñas, niños y jóvenes son altos. Con base en una revisión de notas publicadas en los medios de comunicación realizamos un análisis con el que es posible afirmar que, en los últimos 14 ciclos escolares (2005-2006 a 2018-2019), la Sección 22 del SNTE dejó sin clases por 380 días a 925 alumnos en Oaxaca como producto de sus paros de labores. Si a esto le añadimos los días perdidos en otras actividades, el número de días sin clases es más alto.

La reflexión sobre cómo conciliar el derecho a la educación de las y los alumnos y el derecho a la libertad de expresión mediante la protesta o la huelga es materia pendiente. Aunque el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente dispuso que, para asegurar la continuidad en el servicio educativo, los maestros y los servidores públicos con más de tres días consecutivos o discontinuos de inasistencia, en un periodo de 30 días naturales, serían separados del servicio si no tenían causa justificada, esta disposición ha sido letra muerta, ya sea porque los manifestantes recurrieron a esquemas para faltar a clases de forma escalonada o por la indisposición de las autoridades educativas de aplicar el marco normativo.

En esta discusión es importante distinguir analíticamente si la participación del magisterio ha sido libre o producto de la coacción. En este sentido, el marchómetro con el que la CNTE castiga o recompensa a quienes participan en sus acciones de presión es reprobable porque el condicionar ascensos o promociones, así como la entrega de cheques, hacen que la participación del magisterio no sea genuinamente libre.

Pensar qué hacer para reconciliar estos derechos es urgente, ya que no sabemos si el presidente aplicará el marco normativo vigente o si tiene un plan para que ningún alumno se quede sin clases, especialmente en caso de que la discusión de la reforma educativa detone acciones de presión que quizá dejen sin clases a millones de estudiantes.

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