Los desplazados de la educación en México

el 29 Octubre 2014. Publicado en Blog de Mexicanos Primero, Equipo de Mexicanos Primero - Blog | Vistas del artículo: 4807

Publicado en Animal Político | 28.10.2014

Imagina que estás en tu casa haciendo de comer y escuchas un tiroteo, que sales por la ventana y que te dicen: “si no te mochas, los próximos son tú y tu familia”.

Piensa que hechos similares o aún más violentos han obligado a alrededor de 160 mil personas en total en nuestro país, y a aproximadamente 20,000 personas solamente durante el año 2013 a abandonar su hogar, su trabajo y sus raíces para salir huyendo y comenzar de nuevo en otro lugar.

Ahora imagina que eres un campesino, un pequeño empresario o un empleado que depende de un salario, como la mayoría de los mexicanos, y tienes que empezar en un lugar ajeno a ti, donde no reconoces caras familiares, no tienes amigos que te puedan apoyar o si los tienes, están en la misma situación que tú, huyendo… de la violencia, la extorsión y el crimen organizado. Por último, imagina que eres padre o madre de un par de niños, niñas o adolescentes.

Las familias víctimas de desplazamiento interno se enfrentan a una problemática particular, que además no ha sido oficialmente reconocida por el gobierno mexicano como un problema a nivel nacional y que requiere actuar en consecuencia. A pesar de que entidades federativas como Guerrero, Sinaloa y Chiapas han adoptado algunos programas aislados para atender a víctimas del desplazamiento interno, y aún contando con que se creó un Grupo de Trabajo para Desplazados Internos en México conformado por representantes de distintas dependencias de gobierno (incluyendo la Secretaría de Educación), como resultado de diversos acuerdos entre el gobierno y relatores especiales en derechos humanos en 2004, todavía a esta fecha no se tiene noticia que dicho grupo de trabajo haya implementado acción alguna en beneficio de las personas víctimas de desplazamiento. En conclusión, el Estado mexicano no ha diseñado y menos activado una política nacional integral para atender este fenómeno de desplazamiento interno.

México ha reconocido como principio fundamental el Interés Superior de la Infancia, y también el derecho humano a recibir una educación de calidad. Sin embargo, en el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de desplazamiento interno, dada la falta de acciones de apoyo por parte del Estado, la posibilidad de acudir a una escuela se complica, entre otras causas, debido a que el desplazamiento a menudo va acompañado de la pérdida de documentos de identidad y sin su documentación los niños desplazados no pueden inscribirse en la escuela; además, en el caso de desplazamiento de familias indígenas, frecuentemente los niños, niñas y adolescentes no hablan el lenguaje utilizado en su nueva “casa”. En muchos casos, los desplazados también son víctimas de discriminación; asimismo, el cobro ilegal de cuotas escolares y el tener que pagar por uniformes u otros materiales escolares, limita la posibilidad de permanencia en la escuela, dado que gran parte de las familias desplazadas no tienen un ingreso fijo; de igual forma los niños, niñas y jóvenes desplazados -a fin de generar ingresos para su hogar- se incorporan a trabajos eventuales e informales que les impiden un desempeño adecuado, o de plano incrementan el ausentismo escolar. En el extremo de la fragilidad muchas niñas desplazadas son obligadas a dejar la escuela, a involucrarse en un matrimonio temprano, están sujetas a ser prostituidas o a ser víctimas de trata de personas.

Uno de los compromisos de la actual administración es incrementar la matrícula escolar, con el objetivo de llevarla -en educación media superior- a un 80% al concluir el sexenio. Además en el Segundo Informe de Labores 2013-2014 la Secretaría de Educación establece que el aumento en la cobertura educativa debe lograrse con equidad e inclusión, y que por tanto se han realizado acciones que buscan reducir las brechas de desigualdad existentes. Sin embargo, dudo que este objetivo se pueda lograr, a menos que se incluya dentro de la estrategia nacional y de la política educativa acciones encaminadas a garantizar el acceso y permanencia en la realidad de los niños, niñas y adolescentes desplazados. Asimismo, el diseñar una política integral para la atención y escolarización de niñas y jóvenes víctimas de desplazamiento es fundamental para su protección y desarrollo, para proveerles un ambiente de estabilidad y paz, ya que sus vidas han sido traumatizadas por la violencia y el desarraigo repentino.

Tal como el Internal Displacement Monitoring Centre ha establecido en su reporte sobre desplazamientos en México en 2012, el Estado debe implementar una respuesta efectiva, con una política a nivel federal e integrada quebusque la protección de todos los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por México, incluyendo el derecho a la educación; establecer mecanismos de documentación y de recolección de información (ya que a la fecha no hay cifras oficiales sobre el número de desplazados); instituir a una dependencia como la coordinadora de la política en torno a desplazamiento interno, y asignar una partida presupuestal solamente para este tema. Para el caso específico de garantizar el derecho a la educación, algunas de las medidas que se pueden tomar son: otorgar a los desplazados documentación temporal, de manera que las niñas, niños y adolescentes puedan inscribirse en las escuelas y continuar su educación; asegurarse que tengan acceso a la educación en un lenguaje que comprendan; incentivar su inscripción en la escuela a través del otorgamiento de becas, establecimiento de esquemas educativos flexibles, y otro tipo de programas de apoyo.

Esperemos que esta invisibilización del problema de desplazamientos forzados internos en México termine ya, y que la ausencia de Estado en este tema se revierta pronto, de manera eficaz y estructural, pues -dada la tendencia a la alza en la violencia en distintas entidades del país- esta situación puede llegar a rebasar al Estado, como ocurre en tantos otros temas relativos a garantizar una educación de calidad y los derechos humanos de todas las personas.

Los ciudadanos tal vez de momento no podemos hacer todo lo que quisiéramos, aunque hay ejemplos esperanzadores de OSCs comprometidas con auxiliar a los desplazados, ahí en el terreno, para regularizar a la brevedad su formación escolar; sin embargo, abrir los ojos a esta realidad, desarrollar empatía y exigir soluciones a las autoridades responsables sí está en nuestra mano. Niñas, niños y adolescentes desplezados tienen que saber que aunque el desarraigo duele, al menos en los lugares receptores hay una comunidad escolar que los espera y los valora.

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