Formación inicial y procesos de admisión: dos derechos fundamentales de la trayectoria docente II

Escrito por Javier Rojas el 05 Julio 2019. Publicado en Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 221

Publicado en Animal Político 26|6|2019

La reforma educativa del 15 de mayo pasado estableció en el artículo 3º constitucional que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente y que la admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM) se regirá conforme a lo que la ley disponga. En la víspera de la elaboración de esta legislación, es necesario reflexionar sobre dos derechos profesionales que son fundamentales al inicio de la trayectoria docente: el derecho a una formación inicial de calidad y a procesos de admisión públicos, transparentes, equitativos e imparciales.Como analizamos en nuestro estudio, La escuela que queremos, el derecho a una formación inicial de calidad es crucial para que los egresados de las instituciones formadoras de maestros desarrollen las habilidades, conocimientos, prácticas y actitudes que garanticen el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ).

La práctica docente es el factor escolar que más impacta el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, pero en México la formación inicial ha sido deficiente: uno de cada tres egresados de escuelas normales públicas que terminó su licenciatura en educación primaria en 2012, último año en que se aplicó el Examen General de Conocimiento, obtuvo resultados insatisfactorios. Asegurar que los futuros maestros puedan acceder a una formación inicial de calidad es todavía una deuda importante del sistema educativo.

Los desafíos para fortalecer la formación inicial no son menores e incluyen desde consolidar los cuerpos académicos de las normales hasta asegurar que su currículum se vincule con las expectativas para la práctica docente dentro del sistema de educación básica. Asimismo, se requiere fortalecer (y respetar) los criterios para la inscripción a las normales ya que, aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido normas de control escolar para el ingreso a todas las normales en el país (convocatoria única por estado, promedio mínimo de 8 en bachillerato y puntaje mínimo de 950 puntos en la prueba EXANI II), dichas normas han sido sistemáticamente ignoradas en varias entidades.

Atender esta situación es apremiante ante recientes cambios que denotan una menor exigencia en los criterios de ingreso a las normales y que la SEP ha promovido en aras de “ofrecer mayores oportunidades a los aspirantes a ingresar a las escuelas formadoras de docentes”. Conforme a lo establecido en las normas de control escolar difundidas en marzo del presente (aún no publicadas en canales oficiales por la SEP), los aspirantes a cursar estudios en las normales, en vez de contar con un promedio mínimo de 8 en bachillerato, ahora requieren solamente de un promedio mínimo aprobatorio (6).

Para garantizar que los procesos de admisión al SCMM no pongan en desventaja a egresados de ciertas normales o estados, tal y como evidenciaron los resultados tan dispares en los concursos de ingreso entre las entidades los últimos cinco años, el Estado debe asegurar la equidad y calidad de las oportunidades de formación inicial. Esto debe realizarse con base en perfiles docentes nacionales que se ajusten a las condiciones de cada entidad y las necesidades de aprendizaje de sus alumnos y a partir de una oferta de formación inicial que las Autoridades Educativas Locales (AEL) desarrollen con base en diagnósticos del Organismo para la Mejora Continua de la Educación.

Un derecho igualmente crítico es garantizar que la admisión al SCMM ocurra mediante procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales – como se estipula el artículo 3º constitucional – para brindar certeza a las y los docentes sobre su trayectoria profesional, dejando atrás procesos que privilegiaron criterios no educativos, como la antigüedad o la lealtad sindical, y prácticas irregulares, como la venta de plazas, la violación de listas de prelación, el no concursar plazas vacantes y la opacidad en los registros de información sobre personal contratado.

Para ello, la instancia responsable del SCMM, en coordinación con las AEL, deberá velar por el cumplimiento de lo que marca el artículo 3º para quienes por primera vez ingresan al servicio docente público. Asimismo, deberá emitir lineamientos para que las AEL publiquen convocatorias en las que se estipule que podrán participar todos los candidatos que satisfagan los requisitos (sin dar preferencia a egresados de alguna institución o estado en particular) y en las que se explique con base en qué elementos se tomarán dichas decisiones: qué instrumentos, rúbricas, criterios y fórmulas en concreto.

El cumplimiento de este derecho también requerirá de establecer un registro nacional de plazas presupuestales para que todas entren en el proceso de admisión y que las AEL entreguen todas las plazas vacantes en eventos públicos y presenciales conforme a los resultados del proceso de admisión. Asimismo, demandará el establecimiento de sistemas públicos coordinados con las autoridades federales para atender quejas, denuncias y sugerencias sobre estos procesos.

En los próximos días, los legisladores tienen en sus manos decidir cómo garantizarán -o no- estos dos derechos fundamentales para atraer a la docencia y contratar a los maestros y maestras que las escuelas requieren: velar por el establecimiento de estos derechos profesionales docentes es velar por el derecho a aprender de cada NNJ.

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