Estancias y derechos

el 19 Marzo 2019. Publicado en David Calderón - Blog, Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 349

Publicado en El Financiero 21.12.2018

Desde final del año pasado se ha ido complicando y enconando la discusión sobre el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, un programa del gobierno federal (Ramo 20, clave presupuestal S174) que es responsabilidad de la Secretaría de Bienestar. Desde la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, aprobado por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, el Programa que había operado en 2018 con 4, mil 70 millones de pesos fue recortado a 2 mil 41 mdp para el año fiscal en curso.

La decisión es hasta el momento una afectación severa al derecho de niñas y niños pequeños, que desde finales del año pasado Mexicanos Primero y otras organizaciones hemos cuestionado, incluyendo a los representantes de sociedad civil del SIPINNA y a la mayoría de los miembros de su Consejo Consultivo. En su momento el cuestionamiento y las propuestas de rectificación no encontraron oídos en los legisladores de la mayoría. Los funcionarios entrantes han ido explicando, a trompicones y a veces con notoria irritación pública, qué piensan hacer, pero no lo que ya han hecho para promover y garantizar el derecho del conjunto de niñas y niños involucrados, alrededor de 330 mil.

Recordemos que hay reglas de operación que es obligación del gobierno federal emitir; el programa, ya con muchos años de vigencia, implica a dos sectores de adultos: primero, y cito, a “…madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la Línea de Bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años, o entre un año y hasta un día antes de cumplir los seis años, en casos de niñas o niños con alguna discapacidad”. El segundo es el grupo de “…personas físicas que deseen establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.

El recorte de la discordia ha implicado retraso, suspensión o limitación de las transferencias que se hacían a las personas físicas responsables de cada estancia. El apoyo por cada niño, 950 pesos mensuales, se hace –se hacía- contra el registro por una asistencia de al menos 15 días, cada jornada de al menos cinco horas. Así, las estancias le 'adelantaban' al gobierno federal el cuidado de los niños y se les compensaba a posteriori. En muchos casos, sin que haya datos públicos certeros sobre el asunto, las estancias pedían cuotas complementarias a madres, padres o tutores. Para estos casi dos meses de recorte, muchas estancias han pedido a los adultos responsables de los niños que adelanten cuotas o que paguen los costes directamente; otros han pedido donativos, se han endeudado o enganchado insumos a crédito para no detener la operación; en algunas localidades, los gobiernos estatales o municipales han enviado fondos emergentes. Algunas estancias, de plano, cerraron hasta nuevo aviso; con un sondeo, nuestros compañeros de Save the Children calculan que entre uno de cada cinco y uno de cada tres niños han dejado de acudir al servicio porque cerró o se pide cuota, o bien porque corrió la información de que el programa se acaba.

En tesis claras, sostenemos:

  • Es muy grave que el gobierno federal haga un cambio unilateral de procesos sin un diagnóstico preciso y público, sin reglas de operación nuevas (ni siquiera están en la Comisión de Mejora Regulatoria, como manda la ley) y sin dimensionar la afectación actual, que no se mitiga con promesas futuras.
  • Es muy grave que la argumentación de los funcionarios sea de irregularidades y de un cambio de modelo, pasar de lo que llaman 'intermediación' al 'apoyo directo' sin piloto, sin calendario, sin evidencia, sin proyecto preciso. Las irregularidades deben denunciarse y perseguirse formalmente, a riesgo de ser cómplices; si les consta, que procedan contra los infractores, pero no que cesen un acuerdo de servicio sin tener ya plenamente operativo su sustituto. Es una aberración de política pública, y un riesgo desproporcionado y negligente sobre el conjunto de los niños.
  • Es muy grave que los funcionarios desechen o minimicen las críticas sin contestar la evidencia, que el secretario de Hacienda mande una peligrosa señal equivocada de que sería un pago disponible para los abuelos u otros familiares y que el presidente trate el tema con ligereza o desdén. Aquí no se trata de las querellas entre adultos, sino de los derechos de los niños. Muchos defendemos las estancias no por sí mismas -el arreglo es un compromiso apenas tolerable ante la incapacidad de la seguridad social de hacerse cargo, con absoluta prioridad, de los niños más pequeños y en las condiciones más graves de vulneración-. Si mañana a todos esos niños sin excepción se les incorpora a una guardería de pleno funcionamiento del IMSS, habrá muy poco que objetar. Pero hoy les quitaron lo poco e inadecuado que tenían, los ponen en riesgo subrayado de peligro, abuso y abandono, y les han dado promesas y powerpoints en su lugar.
  • Es muy grave que se mezcle el reclamo con la defensa del 'negocio' de las estancias o su vínculo a fuerzas políticas. De nuevo, que se proceda contra las malversaciones o desvíos, y que los funcionarios justicieros se peleen con todas las clientelas partidistas, incluidas las del PT y Morena. Pensar que un plástico va a estar listo en pocas semanas, que si no supieron controlar menos de dos mil estancias van a poder regular la responsabilidad de 20 mil madres, padres y tutores para que usen adecuadamente los depósitos transferidos (les recuerdo: hasta hoy postulados; no hay una sola 'tarjeta' vigente de ese supuesto plan B), es ingenuo por decir lo menos. Esas niñas y niños son los hijos de personas sin seguridad social formal, algunos entre las familias de máxima marginalidad. Veamos a los niños, y no nos los llevemos entre las patas en las disputas entre los adultos. Son pequeños y requieren el máximo apoyo. Aquí, nunca mejor dicho, sí vale: “por el bien de todos, primero los más pobres”.

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