El largo y sinuoso camino a la transparencia

el 09 Febrero 2015. Publicado en Blog de Mexicanos Primero, Equipo de Mexicanos Primero - Blog | Vistas del artículo: 4534

Publicado en Animal Político| 13.08.2014

Imagine, estimado lector, que su hijo no trajo la boleta de calificaciones de la escuela y usted desea saber que calificación obtuvo en cada una de las materias; podría acceder al portal de la SEP diseñado para padres de familia y encontrar esa información en línea. Por otro lado, si usted desea conocer el desempeño académico de la escuela de su hijo para tomar la decisión de dejarlo en ese plantel o inscribirlo en otra escuela, podría revisar los resultados de ENLACE (pero sólo hasta 2013, último año que la SEP decidió aplicar la prueba a nivel nacional). Sin embargo, si lo que en realidad busca es saber el número de personas que cobran en la escuela de su hijo, pero que no se encuentran allí dando clases, usted tendría que realizar un análisis, cruzando diferentes bases de datos, cada uno con su propio formato, para llegar a un aproximado de cuántos maestros cobran sin dar clases en la escuela de su hijo.

En México nos enfrentamos a un problema de transparencia truncada. La información se da a cuenta gotas, en formatos inaccesibles e incompletos, dificultando que la ciudadanía participe activamente en las decisiones de política pública educativa. Ejemplo de esto son los reportes del uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que las entidades federativas entregan, por lo menos en teoría, cada trimestre (disponibles aquí).

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, cuenta con formatos que buscan estandarizar los datos de plazas federalizadas, los cuales debieran incluir número de comisionados, licencias, pagos retroactivos, función de la plaza, y el CURP y RFC del personal dedicado a labores educativas pagado con el FAEB[1]. Sin embargo, al momento de reportar la información, cada estado lo hace de manera diferente y de la forma que le sea más conveniente.

Peor aún, hay estados que ni siquiera presentan información. En 2013, los estados de Quintana Roo y Tamaulipas no presentaron tres de los cuatro reportes trimestrales de plazas federalizadas que se requieren al año. Y tal parece que Quintana Roo desea seguir en falta, pues en el primer trimestre de 2014 tampoco reportó estos datos. Otros estados que incumplieron durante el año 2013 fueron Baja California Sur, Nuevo León y Puebla.

La falta de información confiable resulta en esfuerzos innecesariamente duplicados. Cuando las entidades federativas reportan información de manera parcial o ilegible (trate, estimado lector, de definir quienes son docentes del reporte de plazas federalizadas por RFC del estado de Coahuila en el primer trimestre de 2014, por ejemplo), hace más complicado que el ciudadano conozca el estado actual de lo que sucede en su estado. El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) representó, en gran parte, un esfuerzo (y gasto) adicional diseñado para compensar la falta de información confiable en el sector educativo.

Pero incluso el mismo CEMABE se ha convertido en otro ejemplo de opacidad, o por lo menos de transparencia parcial. En Mexicanos Primero hemos solicitado conocer los detalles sobre los 298,174 comisionados, aviadores y personal que no se encontraron en sus centros de trabajo; sin embargo, la SEP se ha negado compartir la base de datos completa a la ciudadanía bajo razones de confidencialidad.

Más crónico aún es que la SEP cuente con esta información y no haya tomado una decisión firme sobre qué hacer con los 39,222 personas que aparecieron en el Censo y que nadie los conoce en su plantel. No deja de ser paradójico que un gobierno que en el discurso aboga por una reforma educativa enfocada a la evaluación y a la transparencia, siga permitiendo una estafa diaria que afecta el derecho a aprender de nuestros niñas, niños y jóvenes.

Publicar información incompleta no abona al debate nacional, puesto que sin datos consistentes y confiables, en un formato transparente y accesible al público, los ciudadanos no tendrán elementos suficientes para participar. Además, no permite mejorar nuestro sistema educativo ni resolver problemas como el malgasto crónico.

El largo y sinuoso camino de la burocracia en materia educativa es señal de un gobierno que usa el concepto de la “rectoría” de la educación como pretexto para tomar decisiones unilateralmente. Los portales de transparencia y los escasos documentos en línea complican el análisis cuantitativo, opacan la información que debería ser pública para que los ciudadanos sepamos en qué y cómo se gasta el dinero, y causa mal entendidos entre lo que captura el gobierno y lo que entiende la sociedad. Si algún padre de familia desea conocer en que escuela estudió el maestro de su hijo, si ha tomado capacitación, si es parte del programa de Carrera Magisterial y los resultados académicos de sus antiguos alumnos, se enfrentará a un laberinto administrativo que el gobierno no ha podido (o querido) desarticular.

¿Qué nos falta para asegurar el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes? Exigir una cultura de transparencia y rendición de cuentas que empiece desde el gobierno federal y abarque a todos los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. Como ciudadanos debemos exigir dejar la discrecionalidad entre los niveles de gobierno para evitar que las administraciones gubernamentales reporten sólo lo que desean y no lo que se necesita. Es buen momento para que, acompañado de la reforma educativa, el gobierno federal se comprometa en la emisión de reglas públicas para transparentar el uso de recursos públicos en el sector educativo. En la transformación educativa no sólo debemos exigir una evaluación de docentes, sino desarrollar exitosamente un sistema de apoyo para que nuestros estudiantes vayan a la escuela y hagan lo que tienen que hacer: aprender.

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