Dos derechos fundamentales a lo largo de la trayectoria docente IV

Escrito por Gabriela Anzo el 05 Julio 2019. Publicado en Blog de Mexicanos Primero | Vistas del artículo: 410

Publicado en Animal Político 3|7|2019

Las recientes modificaciones al artículo tercero constitucional han abierto una nueva oportunidad para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes (NNJ). Al ser la práctica docente el factor escolar que más incide en su desarrollo, es crucial que aseguremos que todas las maestras y los maestros tengan oportunidades para su aprendizaje profesional continuo.

Así, reconociendo su contribución a la transformación social, el texto constitucional establece su derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, derecho que el Estado deberá garantizar a lo largo de su trayectoria docente.

Como analizamos en La escuela que queremos, el aprendizaje profesional docente no es un tema nuevo y son diversos los esfuerzos realizados por las autoridades educativas locales (AEL) y federal para asegurar que todos los agentes escolares reciban la formación que necesitan. Estos esfuerzos incluyen desde enfoques colectivos o en los que participa más de una persona, como son las tutorías y el trabajo en los Consejos Técnico Escolares, hasta enfoques individuales como la oferta de cursos, diplomados y talleres presenciales, en línea e híbridos.

El problema con ambos enfoques es que desconocemos si estas oportunidades han sido suficientes, equitativas y efectivas para las y los docentes. No hay evidencia suficiente sobre si la oferta cubrió todas sus necesidades -cognitivas, interpersonales e intrapersonales; si las y los maestros en contextos o tipos de servicio marginados -como las escuelas multigrado, indígenas, telesecundarias- tuvieron más oportunidad de participación y contaron con una oferta específica para sus contextos y necesidades, y si esta formación ha tenido un impacto en sus prácticas, estrategias y experiencias dentro de cada aula y escuela.

Si queremos que cada NNJ aprenda de la mano de maestras y maestros mejor preparados, es crucial que las y los legisladores establezcan en las leyes secundarias el derecho al aprendizaje profesional docente.

En primer lugar, deben garantizar que todos los agentes escolares del país tengan oportunidades de aprendizaje profesional -individual y colectivo- pertinentes a su contexto, privilegiando las oportunidades orientadas hacia el desarrollo integral de NNJ.

En segundo lugar, así como ocurriría si un médico diagnostica diabetes a un paciente y no le da un tratamiento puntual, oportuno y específico, las evaluaciones diagnósticas deben ser el eje fundamental para diseñar los planes y las estrategias que cada agente escolar debe seguir en lo que requiera apoyo. Esto obliga a que en la legislación secundaria se establezca que todos los agentes escolares tienen derecho a participar en una evaluación diagnóstica adecuada para su función y contexto, por lo menos cada tres años; y que, el diagnóstico que reciban debe ser personalizado, individual, pertinente, relevante y vinculado a su plan de desarrollo para determinar las estrategias de aprendizaje específico que cada maestra y maestro necesite a lo largo de su trayectoria profesional.

Tercero, tanto la autoridad federal como las AEL deben desarrollar la oferta de formación continua con base en los resultados de las evaluaciones diagnósticas y formales del sistema educativo, y asegurar la equidad y calidad de las oportunidades de formación continua con base en los perfiles de cada figura educativa y las necesidades de aprendizaje de NNJ. Para lograrlo, deberán establecer un sistema público de información para la planeación y evaluación de la formación continua.

Por último, para evitar cometer errores pasados, es indispensable que el marco normativo establezca claramente las responsabilidades y facultades de las autoridades federales y estatales, así como del nuevo organismo para la mejora continua de la educación para el cumplimiento del derecho al aprendizaje profesional de todos los docentes.

Ésta es la oportunidad para que, desde la legislación secundaria, garanticemos a nuestras maestras y maestros su derecho a un verdadero aprendizaje profesional docente. ¡Por favor, no la desaprovechemos!

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