Denuncia Penal Ciudadana: un instrumento de todos

Escrito por FERNANDO RUIZ R. el 09 Diciembre 2014. Publicado en Blogueros, Blog de Mexicanos Primero, Equipo de Mexicanos Primero - Blog | Vistas del artículo: 8398

PUBLICADO EN EL FINANCIERO | 10.12.14

Es de conocimiento público que en Nayarit desde hace más de 40 años un político tiene el control de facto de las dirigencias sindicales del magisterio y que, al igual que el resto de los “caciques de la educación” existentes en México, creó una extensa red de intereses en el seno del sindicato de trabajadores, en las instituciones educativas y en los órganos de representación local.

La red de intereses ya existentes en el Estado fue consolidada con la descentralización de la educación en 1992, ya que la transferencia de plazas federales al estado dotó a su cúpula sindical de una enorme fuente de recursos para afianzar su influencia política.

En 2009, ante la insistente demanda ciudadana, se logró que la Cámara de Diputados emitiera un mandato para transparentar la nómina educativa. A pesar de las reticencias en la entrega de información por parte de los estados, se pudo comprobar la existencia de irregularidades en el manejo de la nómina, entre otras el pago ilegal al personal docente comisionado a actividades sindicales. Adicionalmente, en los reportes anuales de la Auditoría Superior de la Federación, de manera consistente y reiterada, se hacen observaciones en las que clara y explícitamente se identificaron las irregularidades en los pagos a personal no educativo –pago a comisionados sindicales, aviadores y representantes populares- financiado con recursos del Fondo de aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), recursos que normativamente sólo deben ser utilizados para el pago a maestros frente a grupo. No obstante lo anterior, no hubieron consecuencias administrativas ni legales, o corrección alguna.

Una parte, aún indeterminada, del dinero que la Federación canalizó hacia las Entidades Federativas para atender las innumerables necesidades de las escuelas y los maestros, fueron desviados impunemente, y como, indicamos, sirvió para consolidar esta maquinaria político-sindical, que nada tiene que ver con que los niños aprendan o los maestros tengan mejores condiciones de trabajo, sino para generar una estructura de incentivos hacia el servilismo, compadrazgo y nepotismo. Fue una bolsa de recursos para financiar a grupos políticos y sindicales, restando valor a la función docente en el aula y creando incentivos perversos para que los docentes salieran de las escuelas a realizar funciones ajenas a la enseñanza.

La creación del Servicio Profesional Docente, a través de una Ley General promulgada en 2014, reiteró la prohibición de las comisiones sindicales pagadas con los impuestos de los ciudadanos. Lamentablemente la reforma educativa corre el peligro de no ser efectiva, ya que siguen manteniéndose las malas prácticas. Se necesita una clara voluntad política para terminar con estos pactos políticos y con los chantajes de las cúpulas sindicales de la CNTE y el SNTE.

Un ejemplo indignante de los intentos de simulación es el caso del líder sindical de facto de Nayarit, y de sus cuatro hijos. Entre 2010 y 2014, ellos han recibido del presupuesto educativo más de 14 millones de pesos, sin dar clases en una escuela como corresponde a las plazas que están ocupando.

Los ciudadanos ya no podemos permanecer pasivos ante la simulación, pero tampoco podemos seguir el camino de la violencia entrópica. Debemos canalizar nuestra indignación haciendo uso de la ley para obligar a las instituciones a actuar en favor de la educación, los derechos humanos y de la ciudadanía.

Es por esto que Mexicanos Primero decidió interponer una denuncia de hechos, un instrumento al servicio de todos los mexicanos, para activar los mecanismos institucionales contemplados en nuestra Constitución para sancionar dichos abusos e inhibir su continuidad. Damos un voto de confianza a las autoridades, para que, en el uso de sus facultades como servidores públicos, determinen el grado de responsabilidad tanto de quienes de manera ilegal recibieron recursos públicos destinados a la educación como de aquéllos que los asignaron y/o dolosamente prestaron su ayuda para lograrlo.

¿Y tú ya te cansaste, o quieres cambiar a México? Te invitamos a que envíes una petición al Procurador General de la República en apoyo a nuestra denuncia penal ciudadana, en la página www.denuncia.finalabuso.org ¡Para contribuir a poner fin al abuso, la opacidad y la corrupción!

Acerca del autor

FERNANDO RUIZ R.

Soy investigador en Mexicanos Primero.

Conoce mi trayectoria.

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Comentarios (1)

  • Juan Carlos Palafox Pérez de Salazar

    10 Diciembre 2014 a las 12:07 |
    PRIMERA PARTE.
    [email protected] Fernando Ruiz, Macarena Velázquez y demás directivos de MexicanosPrimero, acabo de leer el artículo que publicaron el día de hoy 10 de diciembre de 2014 en el periódico El Financiero que reproducen en esta página y aún cuando me había propuesto no emitir opiniones a cerca de las críticas que MexicanosPrimero vienen planteando desde hace muchos años sobre la educación mexicana, a los efectos de no restarle lo que de denuncia y aporte tienen para tratar de mejorar la tan importante labor educativa nacional, no puedo dejar de reaccionar ante el reiterado equívoco en que han caído históricamente en sus insistentes y hasta ahora poco útiles denuncias sobre el tema de las llamadas comisiones sindicales.
    El problema radica en que ustedes, creo por cuestiones de otro orden, quizá político coyuntural o algún otro interés, insisten en atacar el síntoma y rehuyen sistemáticamente a denunciar la enfermedad.
    El pago de las famosas COMISIONES SINDICALES, está prohibido desde mucho antes (1948) y ahora como ustedes bien apuntan ha sido reiterado por la Ley General del Servicio Profesional Docente, no es responsabilidad del SNTE o la CNTE que ello suceda, ellos se aprovechan de la debilidad y corrupción institucional. Quienes las autorizan, pagan y fomentan son las autoridades Federales en el ámbito del Distrito Federal o las Estatales en el ámbito Estatal. Son ellos, los Secretarios de Educación Estatales, sus Oficiales Mayores o Secretarios de Administración y Finanzas, sus Directores Generales de Personal o Recursos Humanos los que autorizan con su puño y letra el pago de esas comisiones, es a ellos a los que compete aplicarles la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos por autorizar la desviación de los recursos que ustedes tan reiteradamente denuncian.

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