Simplificando, hay tres opciones para llevar adelante la coordinación de la vida social en una nación: la planeación central, con la dominancia tajante del Estado; la planeación/previsión, con la dominancia irrestricta del Mercado (de los mercados, en realidad); la planeación democrática, que es realista, participativa, fundada en los derechos humanos y con la rectoría del Estado que rinde cuentas.

Mientras se despliega el triste espectáculo de la Cámara Baja y la SEP mendigando acuerdos con las displicentes dirigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hay todavía tiempo para presentar reservas fundadas al dictamen para la reforma y adición a la Constitución en materia educativa.

En el momento en que escribo esto aún no se han reunido las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales para votar el dictamen que han elaborado, con paciencia, búsqueda de entendimiento y sorteando las expectativas de una variedad grande de grupos.

Tras las audiencias de Parlamento Abierto, las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales deberán presentar un dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados, para recapitular los cambios propuestos al Artículo Tercero y otros que presentó el Ejecutivo en diciembre del año pasado.

Desde final del año pasado se ha ido complicando y enconando la discusión sobre el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, un programa del gobierno federal (Ramo 20, clave presupuestal S174) que es responsabilidad de la Secretaría de Bienestar. Desde la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, aprobado por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, el Programa que había operado en 2018 con 4, mil 70 millones de pesos fue recortado a 2 mil 41 mdp para el año fiscal en curso.

Los cambios a la Constitución en materia educativa marcan rumbo, son brújula. No basta con que cambie el marco normativo, pues la transformación de fondo pasa en el aula y en el patio, en las familias y en las comunidades, pero sin claridad en las reglas no hay tino en el rumbo. Sin brújula nos perdemos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ayer una sentencia en torno a la educación especial. Los magistrados resolvieron ante una demanda de amparo –el 714/2017- promovido por personas con condiciones de discapacidad, acompañados por la Clínica Jurídica de la UNAM, en el que se contendía la constitucionalidad de la educación especial.

Cada vez es más apremiante ofrecer alternativas a los jóvenes, cuando se encuentran con importantes barreras para seguir estudiando o para trabajar. Uno de los programas del equipo de López Obrador que más han llamado la atención y más fácilmente suma voluntades es el que se refiere a la incorporación de jóvenes a un sistema de apoyo con el concurso de las empresas, como aterrizaje del número 39 de los lineamientos del Proyecto de Nación 2018-2024: “los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo”.

Además de los debates nacionales –inevitables, necesarios, saludables si los aprovechamos–, en Mexicanos Primero estamos convencidos que la transformación educativa en los próximos años debe pasar por lo local. Si algo confirma el proceso de 2013-2018 es que no bastan leyes e instituciones nacionales para variar el rumbo del derecho a aprender; necesarias, sí... suficientes, no. Por ello, tampoco su “cancelabrogación” o el nuevo feliz término que los congresistas usen en las próximas semanas va a cambiar de golpe lo que pasa en el aula.

El problema de raíz del sistema educativo en México, consiste en pretender cambiar lo que ocurre en las escuelas de educación pública obligatoria sin transformar las escuelas formadoras de maestros.

Mucho del desarrollo de nuestra personalidad, de la multiplicación de oportunidades y de la movilidad cultural y social de cada uno de nosotros se explica por los rasgos de quienes fueron nuestros maestros.

En esta semana, tres eventos me hicieron reflexionar sobre el vínculo entre generar leyes y propiciar el aprendizaje. Uno fue la iniciativa de ley, presentada este 4 de septiembre por Morena en el Senado; otra fue una conversación en un taller de autonomía curricular, con los profesores de una escuela primaria; la última fue un intercambio con un experto internacional, en visita de investigación en México.

Con este hashtag, más de 500 organizaciones de toda la República hemos llegado a un acuerdo sustantivo: hacer una permanente suma de esfuerzos para poner en el centro de las políticas públicas el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

Este ciclo escolar es especial, porque comienza la implementación de los planes y programas, con sus retos y novedades. Tiene además la peculiaridad de que, literalmente, arranca en un sexenio y acabará en otro. Por eso, hay que subrayar: ¿Y los niños? ¿Qué les pasa a ellas y ellos en la realidad?