El 30 de mayo, la minuta de la reforma educativa que la Cámara de Diputados turnó al Senado la semana pasada no obtuvo el respaldo de dos terceras partes del Senado para lograr su aprobación. Pese haber sido aprobada en lo general, la falta de un voto en su discusión en lo particular impidió su aprobación en la cámara revisora y que, en consecuencia, buscara en una siguiente etapa el respaldo de más de la mitad de los congresos locales antes de convertirse en reforma constitucional.

Cuando tu mamá me dijo que serías una niña, me puse feliz… pero también me preocupé muchísimo y supe que a partir de tu llegada siempre iba a tener miedo.

Actualmente, las y los maestros del país manifestamos nuestra preocupación por la situación que atravesamos respecto a los procesos de formación continua y de evaluación para el ingreso, desempeño y promoción, ya que de estos depende nuestro crecimiento profesional y la mejora en la calidad del servicio. Por tanto, en víspera de la aprobación de cambios sustanciales en la legislación, tenemos la esperanza de un cambio verdadero y profundo en beneficio de la educación en México.

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta en la conferencia de prensa matutina del 4 de abril que dejó entrever la tensión inherente entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación. Tras preguntarle si tenía pensado hacer algo para impedir una posible marcha de 40 mil maestros en la Ciudad de México en el marco de la votación del dictamen de la iniciativa de reforma educativa, el Ejecutivo Federal respondió que no porque los maestros “tienen derecho a manifestarse” y porque esto no había resultado en paros frecuentes ni se había dejado a los alumnos sin clases.

Ante la pregunta sobre si se contempla mantener la prohibición para que los comisionados sindicales reciban sueldo del Estado, el 4 de abril, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue ambiguo: “estamos buscando que se cancele por completo la anterior reforma educativa, y que se pueda tener un buen entendimiento con los maestros en todos los puntos”. Esta declaración abre la posibilidad de recurrir a la figura de comisionados para pagar a personal que, sin dar clases, podría recibir salarios y estímulos como si fuera docente.

En una sobremesa con mi familia, me sorprendió un comentario de mi padre, un sexagenario que no votó por MORENA. “Siento mucha esperanza con el nuevo gobierno”, nos dijo. Observó que en el pasado, las versiones oficiales de los mensajes, iniciativas y posturas de los actores políticos en el poder eran inamovibles, pero ahora es diferente, y tanto el presidente como su gabinete, así como distintos legisladores y legisladoras han estado dispuestos a corregirse o a ampliar sus puntos de vista.

Mientras que el informe Estado Mundial de la Infancia la UNICEF (2016, p. 1) señala que “todos los niños y niñas nacen con el mismo derecho inalienable a gozar de un comienzo saludable en la vida, de una educación y de una infancia segura y protegida”, la iniciativa de Ley para reformar el Artículo 3º constitucional que el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados elimina la educación inicial, violentando así el derecho a la educación de las niñas y niños de 0 a 3 años.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una organización que ha hecho noticia en muchos medios de comunicación por el alto impacto de sus acciones. Sin ir más lejos, hace unas semanas esta organización que nació en contraposición al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) figuró en las primeras planas de varios diarios y espacios televisivos por los bloqueos que realizó, durante más de 30 días, a vías férreas en Michoacán.

El término “incluyente” es uno de esos que mucho se usa, pero posiblemente poco se reflexione sobre lo que realmente implica. Me refiero, en este caso, al uso de este calificativo en el sector educativo: “educación incluyente”. ¿Qué significa la educación incluyente? ¿A quiénes estamos incluyendo y en qué? ¿Cómo se traduce una educación incluyente en políticas públicas educativas que se puedan implementar?

Este texto es una carta dirigida a nuestras autoridades con exigencias puntuales sobre las formas que deben cumplirse durante el proceso de discusión de la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, presentada por el Ejecutivo Federal en diciembre pasado. Según lo anunciado, el proceso de discusión de la iniciativa en el Legislativo empezará en la Cámara de Diputados en febrero.

Nos tocó criticar con firmeza las presiones injustas que recibió de parte de la SEP el ahora desaparecido INEE para cambiar sus procesos o calendarios, así como de las críticas infundadas. Pero en lo que chocamos frontalmente –con sus distintas dirigencias en el tiempo– es que no se alcanzó a reconocer que en la evaluación de los aprendizajes había que seguir a niños reales, no a constructos estadísticos. Un funcionario del Instituto afirmó: “Claro que hacemos evaluaciones censales: puedes hacer el censo de estudiantes o el censo de contenidos”. No, claramente eso no es lo que significa “censal”. “Censal” es llegar a cada niña y niño y seguir su trayectoria, lo que les pasa en la realidad.

Uno de los cambios constitucionales en materia educativa de mayor trascendencia para el Proyecto de Nación se refiere a la educación incluyente. En el texto vigente desde el 16 de mayo de 2019, el Artículo Tercero, fracción II, inciso f, establece -como uno de los rasgos imprescindibles de la educación en México- que ésta sea inclusiva, “…al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objeto de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación”.

¿Cómo va la transformación educativa en México? Corre por varios planos y a velocidades diferentes. En Chiapas y Oaxaca muchos niños han perdido clases a lo largo del ciclo y centenares de maestros siguen sin poder tomar sus tareas en la adscripción de su nombramiento porque son amenazados por sus “compañeros”. Campeche, con un trabajo notable en comunidades dispersas; Sonora, con un avance ejemplar en formación inicial de docentes; Sinaloa y Jalisco, poniendo las bases de una estrategia de primera infancia, ejemplos que el gobierno federal bien haría en considerar.

Un elemento que ha cobrado cada vez más relevancia en la discusión educativa es el diagnóstico y propuesta sobre las Escuelas Normales. Es un acento, por ahora, todavía más discursivo que real, pero que va remontando la visión superficial o incluso desdeñosa sobre estas instituciones.

Uno de los elementos menos disputados –porque hay un consenso prácticamente universal de su valor– y menos conocido de la reforma en materia educativa, apenas promulgada, es el referido a la Primera Infancia.

Como ya se ido socializando en los diversos grupos sociales, la atención dedicada al desarrollo de los seres humanos en sus primeros años es crucial para su trayectoria vital posterior: no sólo los individuos quedan en gran vigor o en terrible desventaja por lo acontecido en esa etapa, sino que las comunidades mismas y el país como conjunto puede mirarse en ese grupo de edad. Pero el verdadero principio es: todos, desde nuestro día uno de vida, tenemos derecho al máximo despliegue de nuestro potencial.