Simplificando, hay tres opciones para llevar adelante la coordinación de la vida social en una nación: la planeación central, con la dominancia tajante del Estado; la planeación/previsión, con la dominancia irrestricta del Mercado (de los mercados, en realidad); la planeación democrática, que es realista, participativa, fundada en los derechos humanos y con la rectoría del Estado que rinde cuentas.

Esta semana ha atestiguado el nombramiento por el Senado de 12 funcionarios públicos, cinco integrantes de la Junta Directiva y siete miembros del Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación (OMCE). Creado como parte de la Reforma en materia educativa, el OMCE será responsable de coordinar un nuevo Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Eduación. Y digo “será” porque aunque conocemos a sus dirigentes, todavía no se presenta la ley que reglamente su organización y defina su funcionamiento.

Para que las y los docentes puedan ejercer su derecho a promoverse mediante procesos equitativos, imparciales, públicos y transparentes, como lo marca la nueva reforma a los artículos 3°, 31° y 73° constitucionales, es indispensable garantizar que en las leyes secundarias se establezcan disposiciones coherentes y articuladas del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM). Lo anterior a partir de dos ejes, uno en el que se regulen los procesos para la selección y colocación en la promoción a puestos de dirección, asesoría y supervisión, y otro que establezca un sistema coordinado que garantice procesos de reconocimiento orientados por perfiles que prioricen el aprendizaje integral y el desarrollo de todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ) de México.

Las recientes modificaciones al artículo tercero constitucional han abierto una nueva oportunidad para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes (NNJ). Al ser la práctica docente el factor escolar que más incide en su desarrollo, es crucial que aseguremos que todas las maestras y los maestros tengan oportunidades para su aprendizaje profesional continuo.

Uno de los grandes aciertos de la reforma al artículo 3º constitucional, publicada el 15 de mayo pasado, fue reconocer a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la tranformación social.

La reforma educativa del 15 de mayo pasado estableció en el artículo 3º constitucional que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente y que la admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM) se regirá conforme a lo que la ley disponga. En la víspera de la elaboración de esta legislación, es necesario reflexionar sobre dos derechos profesionales que son fundamentales al inicio de la trayectoria docente: el derecho a una formación inicial de calidad y a procesos de admisión públicos, transparentes, equitativos e imparciales.Como analizamos en nuestro estudio, La escuela que queremos, el derecho a una formación inicial de calidad es crucial para que los egresados de las instituciones formadoras de maestros desarrollen las habilidades, conocimientos, prácticas y actitudes que garanticen el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ).

La docencia es tal vez la profesión más importante de cualquier país. Es en la profesión docente donde nacen las demás profesiones: es difícil pensar en una formación profesional efectiva –para cualquier profesión– sin pensar en las maestras y los maestros que contagian el gusto por aprender, guían el desarrollo de conocimientos y abren espacios para practicar habilidades. Por ende, el Estado debe hacer todo lo posible para asegurar que las y los maestros cuenten con oportunidades, mecanismos y procesos adecuados para desarrollarse plenamente como profesionales del aprendizaje.

Este 11 y 12 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), una prueba estandarizada para monitorear el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes (NNJ).

Escribo esto mientras veo un video de mi pequeña Fabiana gateando en un pañalero blanco hacia una caja llena de juguetes, entre ellos una muñeca, cubos de construcción, un león de plástico, un carro, un teléfono y un pollo de peluche. Su juego consiste en aventar todo agarrando parejo. Se ríe. No sé si lo sabe, pero lo siente: está a salvo. Todavía falta un tiempo, pero queremos para ella una escuela en la que se sienta igual.

El pasado 22 de mayo comenzó a circular en redes, blogs de docentes y algunos medios un documento emitido por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que contiene los lineamientos post reforma constitucional para los procesos del Servicio Profesional Docente.

La reforma a los artículos 3°, 31° y 73° de la Constitución, publicada el 15 de mayo indica en su décimo transitorio que el acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, informes y otros documentos elaborados o en posesión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) debían ser publicados en un portal público en menos de 90 días.

Como cada 15 de mayo festejamos a las maestras y maestros de nuestro país, pero este año tenemos algo más que celebrar y es que gracias a los recientes cambios aprobados en el Congreso (pendientes de ratificarse por los Congresos Locales), las y los docentes podrán tener mayor claridad en sus derechos.

En las últimas dos semanas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) emitió dos comunicados en los que manifestó algunas preocupaciones sobre la minuta de la reforma educativa aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril. En un primer momento, el INEE advirtió (26/4) que el artículo 16º transitorio abría la posibilidad de “retornar a las prácticas de escalafón por la vía de comisiones paritarias entre sindicatos y autoridad” y a la “asignación directa de plazas con criterios distintos al mérito”.