Ante la pregunta sobre si se contempla mantener la prohibición para que los comisionados sindicales reciban sueldo del Estado, el 4 de abril, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue ambiguo: “estamos buscando que se cancele por completo la anterior reforma educativa, y que se pueda tener un buen entendimiento con los maestros en todos los puntos”. Esta declaración abre la posibilidad de recurrir a la figura de comisionados para pagar a personal que, sin dar clases, podría recibir salarios y estímulos como si fuera docente.

El proceso que hemos vivido sobre la discusión de la Reforma Educativa nos lleva a reflexionar sobre quién debe y puede ser parte de la toma de decisiones sobre un proyecto social como es la educación, en un sistema democrático, y cómo es que se están incluyendo distintas voces en este proceso.

Los primeros cien días de una administración federal son un referente más o menos arbitrario para presentar la eficacia y celeridad con la cual un sistema presidencialista aborda los retos que se impuso con la toma de protesta. La tradición viene de la narrativa que Franklin D. Roosevelt se dio a sí mismo para su primer periodo, en 1933.

Tras las audiencias de Parlamento Abierto, las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales deberán presentar un dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados, para recapitular los cambios propuestos al Artículo Tercero y otros que presentó el Ejecutivo en diciembre del año pasado.

En la Constitución está plasmado, y es fruto de una lucha histórica, que la educación es un derecho. El enfoque de derechos, al que nuestra nación se sumó de propia voluntad al signar las convenciones internacionales, desde 2011 tuvo una aclaración necesaria: se modificó el Artículo Primero, para precisar que la Constitución no “otorga” derechos, sino que los reconoce, pues son anteriores y superiores a las leyes escritas, incluida la Ley Fundamental misma, e inseparables de las personas, irrenunciables. Además, se determinó que el “orden convencional” es materia constitucional, es decir, que pactos y tratados de derechos humanos deben funcionar en México como si fuesen parte de la Constitución.

Desde final del año pasado se ha ido complicando y enconando la discusión sobre el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, un programa del gobierno federal (Ramo 20, clave presupuestal S174) que es responsabilidad de la Secretaría de Bienestar. Desde la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, aprobado por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, el Programa que había operado en 2018 con 4, mil 70 millones de pesos fue recortado a 2 mil 41 mdp para el año fiscal en curso.

En el marco de la discusión en el legislativo de la iniciativa de reforma al artículo 3º presentada por el Ejecutivo Federal, organizaciones de la sociedad civil (OSC) – incluida Mexicanos Primero – decidimos activarnos, en colectivo, para defender la mejor versión del texto constitucional que garantiza el derecho a la educación.

La iniciativa de reforma educativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador afecta la gobernabilidad del Sistema Educativo Nacional (SEN), principalmente, porque elimina la autonomía del órgano constitucional que vigila el cumplimiento del derecho humano a la educación con información transversal y metodológicamente confiable que, además, permite conocer el estado del SEN sin las presiones sindicales y políticas que existieron en años pasados.

Los cambios a la Constitución en materia educativa marcan rumbo, son brújula. No basta con que cambie el marco normativo, pues la transformación de fondo pasa en el aula y en el patio, en las familias y en las comunidades, pero sin claridad en las reglas no hay tino en el rumbo. Sin brújula nos perdemos.

Ayer comenzó el ciclo de audiencias, con el entusiasta subtítulo de “Parlamento Abierto”, que las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales conducirán para enriquecer su criterio antes de dictaminar la iniciativa de reforma educativa de AMLO. En un calendario apretado, las y los legisladores escucharán a maestros, especialistas, otros legisladores, miembros de organizaciones de sociedad civil, familias. El formato no es tan favorable para la reflexión: 10 minutos, no preguntas, no diálogo. La democracia es imperfecta siempre en sus formas, pero es un avance para reconocer.

La semana pasada, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer una posible nueva estrategia para llevar el inglés a más escuelas mexicanas. Le cito: “Estamos desarrollando una investigación sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas, en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo”.

El debate educativo no termina porque la transformación educativa es permanente. Siendo ella misma un proceso de transformación –de despliegue permanente y progresivo de las potencialidades, de aprendizaje continuo- no puede ser estática su concepción, ni permanente o definitiva su traducción a prácticas e instituciones, su implementación como bien público.

Hace unos días las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron a maestros, especialistas, sociedad civil, familias, estudiantes, y autoridades a participar en audiencias públicas para presentar propuestas que fortalezcan la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional.

Está por discutirse en la Cámara de Diputados la iniciativa que envió el Ejecutivo federal en diciembre pasado. En ella encuentro elementos de valor para continuar el avance de la transformación educativa en México y elementos de preocupación por lo que pudiera implicar retrocesos.

En una semana, la Cámara de Diputados empezará a discutir la iniciativa del Ejecutivo federal que busca reformar el artículo 3º de la Constitución, lo cual define y establece el alcance de la garantía de nuestro derecho a la educación.