AMLO presentó este 12 de diciembre una iniciativa de reforma constitucional; la de Diputados fue la Cámara receptora, y se turnó a comisiones para ser estudiada. Los legisladores pueden proponer ajustes y adiciones, y aún no es claro si un dictamen consolidado se alcanzará antes de que concluya el presente periodo de sesiones.

Este martes, en Santiago de Chile, REDUCA, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Sociedad Civil por la Educación, presentó el estudio “Aprender es Más”. El esfuerzo coordinado, apoyado por la Fundación Sura, conjunta la información actualizada y las perspectivas posibles de 15 sistemas educativos nacionales de la región, desde una clave de lectura muy intuitiva y movilizadora: ¿qué pasa con el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en América Latina?

De acuerdo con el gobierno electo, los foros de consulta educativa serán la base de la nueva ley en materia docente, ya que en esos espacios, la sociedad, principalmente maestros, ha identificado qué se debe legislar para la mejora educativa.

En México hemos avanzado conceptualmente mucho en torno a los menores de edad legal en conflicto con la ley. Siguiendo la pauta del orden internacional de derechos, en México se ha reconocido que los adolescentes sólo pueden estar privados de la libertad como una medida necesaria en casos muy contados, y en la perspectiva no de un castigo propiamente dicho, sino como cumplimiento de unas medidas mandadas por tribunal y abriendo el compás para la reinserción y para una educación socioemocional que habilite a una convivencia distinta.

Hace un mes, en este espacio, reflexioné sobre el alcance de los foros sobre la educación en la construcción de un “acuerdo nacional” e hice un llamado a las autoridades entrantes a seguir abriendo espacios para la participación, y a la sociedad a aprovecharlos. No es una buena señal que en las semanas intermedias, hemos visto una reducción de estos espacios.

Actualmente, gran parte del magisterio en México está en una etapa de transición por demás complicada, pero también positiva. Los cambios establecidos en las reformas legales de 2013 en materia educativa sacudieron el status quo de procesos instalados en la vida profesional de diversos sectores de maestros y abrieron la puerta a procesos sistematizados y transparentes donde comenzamos a valorar el mérito por encima de las relaciones personales e institucionales.

Cuando se trabaja en política pública educativa hay que atender a una multitud de frentes: es algo que exige solidez académica, consistencia política, solvencia intelectual, congruencia ética.

El 24 de octubre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el spot de Mexicanos Primero titulado “¿Y si los niños fueran candidatos?”, no beneficiaba ni perjudicaba a un candidato o partido político en particular, pero sí contenía elementos explícitos encaminados a lograr que los ciudadanos votaran a favor de la opción que apoyara la transformación educativa. Por lo tanto, considera que constituía propaganda electoral prohibida de acuerdo al artículo 41 de la Constitución.

La semana pasada comenté la nota que el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) presentó sobre México en el tema de equidad. Recapitulando: la evidencia en la encuesta representativa del país sobre desempeño en comunicación, matemáticas y ciencias, muestra que los estudiantes de 15 años cumplidos que provienen de familias pobres en México son una amplia mayoría de población y que hacen su experiencia en escuelas en donde la desventaja es la norma entre sus compañeros (escuelas pobres para pobres).

Tener una política para la atención integral para los más pequeños–esto es, todo aquello que se requiere para su correcto desarrollo cerebral, físico y socioemocional- requiere un presupuesto dirigido a garantizar los derechos de niñas y niños desde la gestación y con énfasis en los primeros 5 años.  

En esta misma semana tuve una larga conversación con un supervisor de un estado del norte del país. Es héroe de mil batallas: más de quince años de servicio, siempre en escuelas de arreglo multigrado en la zona desértica de su estado; multipremiado por sus prácticas como docente, logró su promoción a director y luego a supervisor por la vía del concurso. Me consta el aprecio de las comunidades que ha servido y el reconocimiento como profesional que le profesan sus compañeros maestros.

Estamos en la cuenta regresiva para el cambio de administración en el gobierno federal. En el campo educativo, esto significa que después de meses de incertidumbre, caracterizado por un discurso de “cancelación” de la “reforma educativa”, pronto tendremos más certeza. El equipo del nuevo presidente ha anunciado que se presentará una nueva propuesta educativa en la primera semana de diciembre.

Esta es la segunda parte de una serie de cinco artículos en los que presentaremos los elementos necesarios para garantizar a cada docente una trayectoria profesional basada en 1) perfiles claros y públicos; 2) procesos de selección y promoción justos y equitativos; 3) formación inicial y continua que asegure que llegue al aula con las actitudes y herramientas para promover el aprendizaje incluyente; 4) acompañamiento que apoye su desarrollo a lo largo de su carrera; y 5) sistemas públicos de información que faciliten un diseño, implementación, monitoreo y evaluación adecuada de la política educativa.

En esta semana, Mexicanos Primero ha publicado una serie de artículos relacionados con los elementos que debe incluir una nueva ley docente – frente a la ya anunciada abrogación de la actual – para garantizar los derechos profesionales de todas y todos los maestros. En esta ocasión, plantearemos la importancia del acompañamiento a docentes de nuevo ingreso, por un lado, y a las escuelas por el otro, como mecanismo para el desarrollo profesional – en el primer caso – y para el desarrollo de comunidades de aprendizaje – en el segundo.