Los cambios a la Constitución en materia educativa marcan rumbo, son brújula. No basta con que cambie el marco normativo, pues la transformación de fondo pasa en el aula y en el patio, en las familias y en las comunidades, pero sin claridad en las reglas no hay tino en el rumbo. Sin brújula nos perdemos.

Ayer comenzó el ciclo de audiencias, con el entusiasta subtítulo de “Parlamento Abierto”, que las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales conducirán para enriquecer su criterio antes de dictaminar la iniciativa de reforma educativa de AMLO. En un calendario apretado, las y los legisladores escucharán a maestros, especialistas, otros legisladores, miembros de organizaciones de sociedad civil, familias. El formato no es tan favorable para la reflexión: 10 minutos, no preguntas, no diálogo. La democracia es imperfecta siempre en sus formas, pero es un avance para reconocer.

La semana pasada, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer una posible nueva estrategia para llevar el inglés a más escuelas mexicanas. Le cito: “Estamos desarrollando una investigación sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas, en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo”.

El debate educativo no termina porque la transformación educativa es permanente. Siendo ella misma un proceso de transformación –de despliegue permanente y progresivo de las potencialidades, de aprendizaje continuo- no puede ser estática su concepción, ni permanente o definitiva su traducción a prácticas e instituciones, su implementación como bien público.

Hace unos días las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron a maestros, especialistas, sociedad civil, familias, estudiantes, y autoridades a participar en audiencias públicas para presentar propuestas que fortalezcan la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional.

Está por discutirse en la Cámara de Diputados la iniciativa que envió el Ejecutivo federal en diciembre pasado. En ella encuentro elementos de valor para continuar el avance de la transformación educativa en México y elementos de preocupación por lo que pudiera implicar retrocesos.

En una semana, la Cámara de Diputados empezará a discutir la iniciativa del Ejecutivo federal que busca reformar el artículo 3º de la Constitución, lo cual define y establece el alcance de la garantía de nuestro derecho a la educación.

Nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, es excluyente. Hasta la estadística más sencilla retrata la exclusión, y basta con un par de experiencias en campo para ver la realidad cotidiana de millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ) que no están en la escuela o, estando en ella, no aprenden o no se sienten escuchados ni involucrados.

Está por discutirse en el Congreso una iniciativa de reforma al Artículo Tercero enviada por el Ejecutivo; tiene elementos muy positivos, y entre ellos hay que destacar que se hace explícito, por primera vez, que en la titularidad del derecho a la educación están precisamente niñas, niños y jóvenes (NNJ) y que debe observarse el principio del interés superior.

En la iniciativa de reforma educativa de AMLO, anunciada el 12 de diciembre de 2018 y publicada en la Gaceta Parlamentaria al día siguiente, se proponen varios cambios, de enormes consecuencias para la educación nacional e incluso para la consolidación o no de la democracia. Hoy voy a comentar el cambio propuesto del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que en la Constitución vigente es un Órgano Constitucional Autónomo (OCA), para que sea sustituido –así en el texto enviado a la Cámara de Diputados- por un órgano desconcentrado con autonomía técnica, pero no orgánica y funcional, y por tanto subordinado por ley a la Secretaría de Educación Pública federal.

Un gran acierto de la iniciativa es la propuesta de reconocer, desde la Constitución, el papel fundamental de los maestros como agentes sociales transformadores; un reconocimiento que ha tardado mucho en llegar, pero que es todavía insuficiente en el planteamiento actual.

El inicio de año y el inicio de sexenio han sido imperdibles: estamos en arranques intensos, de grandes y significativos debates, que hacen que la vida pública no se estanque ni dé cabida a la rutina. Y aquí viene uno de los debates que mayor atención amerita: debe impedirse que se pierda responsabilidad, visibilidad, profesionalidad, atribuciones legales y presupuestos destinados al inicio del desarrollo de niñas y niños en México.

Estamos en los episodios finales del debate para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Como ocurrió con las universidades, cuando dos misteriosos “errores” le pegaron primero a la autonomía -en el texto de la iniciativa de reforma al Artículo Tercero- y luego le pasaron cuchillo a los fondos que les corresponden, esperamos que haya atención y sensibilidad por parte del Presidente y de la Cámara de Diputados para corregir los desafortunados “dedazos” en cuatro aspectos clave de la educación pública nacional.

AMLO presentó este 12 de diciembre una iniciativa de reforma constitucional; la de Diputados fue la Cámara receptora, y se turnó a comisiones para ser estudiada. Los legisladores pueden proponer ajustes y adiciones, y aún no es claro si un dictamen consolidado se alcanzará antes de que concluya el presente periodo de sesiones.

Este martes, en Santiago de Chile, REDUCA, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Sociedad Civil por la Educación, presentó el estudio “Aprender es Más”. El esfuerzo coordinado, apoyado por la Fundación Sura, conjunta la información actualizada y las perspectivas posibles de 15 sistemas educativos nacionales de la región, desde una clave de lectura muy intuitiva y movilizadora: ¿qué pasa con el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en América Latina?