La Suprema Corte dictará una sentencia crucial este próximo miércoles. Será paradigmática, porque se refiere a un caso concreto pero tiene implicaciones para todo el sistema educativo –y social- de México.

Va un enunciado de teoría política, curso 1: El gasto público es la consistencia auténtica del marco normativo y de la planeación para el desarrollo.

Va un enunciado de realismo elemental: El gasto público es el factor en el cual se hace tangible la voluntad política.

Va un enunciado callejero, pero certero: Si no destinas dinero a los programas que anuncias, eres un mentiroso.

Este lunes 30 de septiembre se promulgaron tres leyes secundarias en materia educativa, cerrando –extemporáneamente- el primer ciclo de reformas derivadas del mandato del Artículo Tercero constitucional. Faltará la armonización de las leyes educativas en las 32 entidades, y posteriormente las leyes generales sobre ciencia y sobre educación superior.

En la democracia contemporánea y en la situación actual de México, hay divisiones y divisiones. Hay divisiones a superar y hay divisiones a defender.

Una división lamentable está en la exclusión que el sistema escolar enfrenta. Hay un abismo entre las oportunidades de niñas y niños de clase media en Mérida o el centro y sur de la Ciudad de México, con respecto de sus coetáneos en la sierra de Tlapa en Guerrero o en la zona conurbada de Valle de Chalco.

Tres temas marcan la agenda de esta semana en el campo educativo: el atorón a la discusión de las leyes secundarias, la presentación del proyecto de presupuesto federal con recorte y reasignaciones mayúsculas, y finalmente la publicación de la base de datos de PLANEA 2019, en la plataforma de la SEP.

Este martes por fin brotaron a la luz pública los proyectos de dictamen para las tres leyes secundarias en materia educativa que se refieren a la educación básica y media superior. Algunos elementos de la iniciativa morenista se matizaron y por fin se incluye, acertadamente, una primera normativa nacional para dar primeras certezas sobre la función de Asesor Técnico Pedagógico.

Simplificando, hay tres opciones para llevar adelante la coordinación de la vida social en una nación: la planeación central, con la dominancia tajante del Estado; la planeación/previsión, con la dominancia irrestricta del Mercado (de los mercados, en realidad); la planeación democrática, que es realista, participativa, fundada en los derechos humanos y con la rectoría del Estado que rinde cuentas.

Esta semana ha atestiguado el nombramiento por el Senado de 12 funcionarios públicos, cinco integrantes de la Junta Directiva y siete miembros del Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación (OMCE). Creado como parte de la Reforma en materia educativa, el OMCE será responsable de coordinar un nuevo Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Eduación. Y digo “será” porque aunque conocemos a sus dirigentes, todavía no se presenta la ley que reglamente su organización y defina su funcionamiento.

Para que las y los docentes puedan ejercer su derecho a promoverse mediante procesos equitativos, imparciales, públicos y transparentes, como lo marca la nueva reforma a los artículos 3°, 31° y 73° constitucionales, es indispensable garantizar que en las leyes secundarias se establezcan disposiciones coherentes y articuladas del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM). Lo anterior a partir de dos ejes, uno en el que se regulen los procesos para la selección y colocación en la promoción a puestos de dirección, asesoría y supervisión, y otro que establezca un sistema coordinado que garantice procesos de reconocimiento orientados por perfiles que prioricen el aprendizaje integral y el desarrollo de todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ) de México.

Las recientes modificaciones al artículo tercero constitucional han abierto una nueva oportunidad para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes (NNJ). Al ser la práctica docente el factor escolar que más incide en su desarrollo, es crucial que aseguremos que todas las maestras y los maestros tengan oportunidades para su aprendizaje profesional continuo.

Uno de los grandes aciertos de la reforma al artículo 3º constitucional, publicada el 15 de mayo pasado, fue reconocer a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la tranformación social.

La reforma educativa del 15 de mayo pasado estableció en el artículo 3º constitucional que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente y que la admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM) se regirá conforme a lo que la ley disponga. En la víspera de la elaboración de esta legislación, es necesario reflexionar sobre dos derechos profesionales que son fundamentales al inicio de la trayectoria docente: el derecho a una formación inicial de calidad y a procesos de admisión públicos, transparentes, equitativos e imparciales.Como analizamos en nuestro estudio, La escuela que queremos, el derecho a una formación inicial de calidad es crucial para que los egresados de las instituciones formadoras de maestros desarrollen las habilidades, conocimientos, prácticas y actitudes que garanticen el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ).

La docencia es tal vez la profesión más importante de cualquier país. Es en la profesión docente donde nacen las demás profesiones: es difícil pensar en una formación profesional efectiva –para cualquier profesión– sin pensar en las maestras y los maestros que contagian el gusto por aprender, guían el desarrollo de conocimientos y abren espacios para practicar habilidades. Por ende, el Estado debe hacer todo lo posible para asegurar que las y los maestros cuenten con oportunidades, mecanismos y procesos adecuados para desarrollarse plenamente como profesionales del aprendizaje.