La última semana ha atestiguado las primeras audiencias en la Cámara de Diputados para escuchar de maestros, especialistas, académicos, sociedad civil, organismos internacionales y autoridades sobre cómo fortalecer la iniciativa del Ejecutivo de reformar el artículo 3º de la Constitución. Dos palabras han tomado un lugar preponderante: calidad y excelencia.

La semana pasada, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer una posible nueva estrategia para llevar el inglés a más escuelas mexicanas. Le cito: “Estamos desarrollando una investigación sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas, en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo”.

Hace unos días las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron a maestros, especialistas, sociedad civil, familias, estudiantes, y autoridades a participar en audiencias públicas para presentar propuestas que fortalezcan la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional.

Nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, es excluyente. Hasta la estadística más sencilla retrata la exclusión, y basta con un par de experiencias en campo para ver la realidad cotidiana de millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ) que no están en la escuela o, estando en ella, no aprenden o no se sienten escuchados ni involucrados.

Un gran acierto de la iniciativa es la propuesta de reconocer, desde la Constitución, el papel fundamental de los maestros como agentes sociales transformadores; un reconocimiento que ha tardado mucho en llegar, pero que es todavía insuficiente en el planteamiento actual.

Estamos en la cuenta regresiva para el cambio de administración en el gobierno federal. En el campo educativo, esto significa que después de meses de incertidumbre, caracterizado por un discurso de “cancelación” de la “reforma educativa”, pronto tendremos más certeza. El equipo del nuevo presidente ha anunciado que se presentará una nueva propuesta educativa en la primera semana de diciembre.

Si hay una deuda que hereda la nueva administración en el campo educativo, es la deuda con las y los maestros mexicanos en cuanto a garantizarles una formación inicial y continua que asegure que lleguen a las aulas, las escuelas y las zonas escolares con las actitudes y herramientas para promover el aprendizaje incluyente.

El equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que presentará en días próximos una iniciativa legal para proponer un nuevo marco normativo para la educación.

Desde hace años, la comunidad maya que se encarga de la reserva del mono araña en Punta Laguna, Quintana Roo, formó un colectivo para aprender inglés para recibir turistas de todo el mundo.

En una sociedad desigual, la educación representa la única posibilidad para millones de niñas, niños y jóvenes a tener una vida distinta. Es la base para la construcción de una sociedad más incluyente, equitativa y participativa.

Hace una semana, en este espacio resumimos algunos de los avances en el proceso de transformación educativa desde las reformas constitucional y legales de 2013: participación de actores escolares y sociales en nuevos procesos y mecanismos, esfuerzos para ordenar el sistema y recursos focalizados para la gestión y la infraestructura escolar.

En 2013, se promulgaron una serie de reformas que buscaron transformar el sistema educativo, reorientándolo a la garantía del derecho a una educación “de calidad”, entendido como “el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (CPEUM, 2017). Sin embargo, transformar el sistema educativo implica un cambio en prácticas reales en el aula, en las oficinas administrativas y burocráticas y en la sociedad misma.

El próximo lunes, millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ) regresarán a la escuela, y con ellos, muchos de nosotros también retomaremos nuestras rutinas “normales”. Pero ¿qué hay de los millones de niñas, niños y jóvenes que – a cuatro meses del primer sismo que nos sacudió el 7 de septiembre – NO regresarán a sus aulas el lunes, no tendrán la posibilidad de volver a la normalidad, no cuentan todavía con la certeza de en dónde retomarán sus actividades escolares, cuándo lo harán y con quiénes?

En México, violamos sistemáticamente el derecho de los jóvenes a aprender en y con el inglés:97% de los egresados de las secundarias públicas del país no desarrollan el nivel previsto en el currículum nacional(Sorry, 2015). En los próximos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentará la nueva estrategia “México en inglés” para enfrentar esta situación. Este interés renovado en el tema es prometedor. Pero esta promesa sólo se concretará si aprendemos de nuestro pasado – así como de la evidencia de prácticas efectivas – para emprender un camino que realmente sea diferente.

La inclusión en la educación se vive (o no) en la escuela. Ahí es a donde llega la niña, el niño, la o el joven, su familia, sus maestras y maestros. Ahí es donde se siente bienvenida o no, donde se establecen relaciones de aprendizaje o no, donde se abren espacios para la participación significativa o no. Sólo avanzaremos hacia la educación incluyente en la medida en que transformemos nuestras escuelas en escuelas incluyentes que acogen y responden a la diversidad de tod@s.

Nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, es excluyente. Hasta la estadística más sencilla del sistema educativo retrata la exclusión, y basta con un par de experiencias en campo para verla en la realidad cotidiana de los millones de niñas, niños y jóvenes que no están en la escuela o, estando en ella, no aprenden o no se sienten escuchados ni involucrados.

Hace dos días se presentaron los resultados del Programa para la Evaluación Internacional  de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), un instrumento internacional que busca medir qué tanto los estudiantes de 15 años desarrollan los conocimientos y habilidades necesarios para seguir aprendiendo y participar plenamente en el mundo a su alrededor. La prueba, que se aplica cada tres años, evalúa el aprendizaje en tres áreas – lectura, matemáticas y ciencia. Si bien es un instrumento que capta sólo una parte de lo que es el desarrollo integral de cada persona, PISA representa un elemento importante para el monitoreo del derecho a aprender.

En las últimas dos semanas hemos visto una serie de anuncios, decisiones y publicaciones en el campo educativo que nos deben preocupar. El lunes 7 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la nueva estrategia de educación digital, @prende 2.0; en la madrugada del viernes 11, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017; y el domingo 13 de noviembre, la SEP publicó los resultados de la prueba Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) 2016.

La semana pasada, presentamos en este espacio una aspiración compartida por 124 organizaciones de sociedad civil: que todas las niñas, niños y jóvenes de México se encuentren y se desarrollen al máximo en una escuela que sea una comunidad de aprendizaje. 

Esta semana, a lo largo del país, casi 26 millones de niñas, niños y jóvenes ingresan por primera vez o regresan a las escuelas de educación básica (SEP, Comunicado 371). Es una época de gran emoción entre los alumnos y sus familias: ¡primer día del kínder! ¡ser de los grandes en la primaria! ¡pasar a la secundaria! ¡conocer al nuevo maestro! ¡conocer a los nuevos alumnos! ¡ver a los amigos! ¡aprender!

Hace tres semanas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció la “suspensión” en 2016 de la prueba PLANEA, principal instrumento para medir el logro de aprendizaje de las y los estudiantes de educación básica en el país. El día siguiente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) refutó este anuncio, insistiendo que “sí, se va a aplicar”, aunque no como fue diseñado por el INEE. Desde la sociedad civil, Mexicanos Primero, así como otras organizaciones y comentaristas, expresaron su desacuerdo con esta decisión. En resumen, y entre otros puntos, se cuestionó: ¿cómo se puede monitorear el avance en la obligación del Estado de garantizar “el máximo logro de aprendizaje” de cada uno de las niñas, niños y jóvenes – como se estipula en el reformado Artículo 3º Constitucional – si no contamos con un instrumento de evaluación del mismo? 

En cada sociedad, la responsabilidad de proteger, respetar y fomentar el derecho de la población joven a una educación de calidad es colectiva, es decir, de todas y todos nosotros. Dentro de este marco de corresponsabilidad, las escuelas son el principal mecanismo para proveer la educación formal y los profesores los agentes sociales designados específicamente para promover el derecho de las niñas, niños y jóvenes a aprender.

Nuestro punto de partida, para todo lo que proponemos como Mexicanos Primero, es el derecho a aprender. Entendemos este derecho – tal como está plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño – como lo que uno necesita y lo que uno quiere aprender. Aprender es crecer, desarrollarte, desplegarte, pero no para ser otro o como otros, sino para ser el mejor de ti mismo, la mejor versión de sí.  Ello incluye tanto el desarrollo cognitivo como el creativo, físico, social y emocional. Aprender no se limita a ver, recordar o considerar; implica también entender, usar, relacionar, expresar, incidir y transformar. 

Hace un año, en este espacio, hablando del apoyo todavía insuficiente que ofrecíamos como sociedad a nuestros maestros en México, expresé mi deseo de que el 2015 fuera el año en que renováramos nuestro compromiso con los maestros. Un año después, me gustaría reflexionar sobre este compromiso social y, en específico, acerca de cómo apoyamos – o no – el aprendizaje de los maestros.

Poder ser maestro o maestra eficaz implica tener acceso continuo a apoyos y oportunidades para el aprendizaje profesional, solos y con otros, no importa el contexto. Requiere de espacios de diálogo y reflexión, de intercambio y colaboración, de indagación y confrontación con nuevas ideas, de evaluación y retroalimentación, y de ensayo y error. Una maestra o maestro no sólo aprende para llegar a serlo, sino siendo maestro y a lo largo de toda su carrera, y como cualquier persona, necesita un ambiente de confianza y seguridad que favorezca este aprendizaje. 

Este miércoles, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, reconoceremos a los maestros ganadores del Premio ABC 2015. Ya en su octava edición, el Premio reconoce a maestros, directores, asesores técnico-pedagógicos, supervisores y equipos de maestros de escuelas públicas en educación básica que son ejemplo de vocación, desempeño y creatividad, que no se detienen por las circunstancias de su entorno, sino que mantienen altas expectativas y catalizan grandes aprendizajes en todas y todos sus alumnos.

Desde la publicación de nuestro estudio Sorry. El aprendizaje del inglés en México [se puede descargar gratuitamente], hemos argumentado que el inglés forma parte del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de México; poder comunicarnos en este idioma en el siglo XXI nos abre puertas para poder aprender y participar cada vez más.

Este verano hemos atestiguado un evento histórico en México. Por primera vez, la selección de los líderes educativos –directores, supervisores e inspectores, jefes de sector y de enseñanza, así como asesores técnico pedagógicos– se hizo con base en los méritos de las personas y no por medio del amiguismo, clientelismo u otros mecanismos del pasado que poco tenían que ver con “garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los aspirantes” (SEP, 2015).

Hace pocos días, se llevó a cabo un evento histórico en México, el primer Concurso de Promoción en educación básica, un gran paso hacia un sistema que reconoce el papel fundamental de los directores como líderes escolares y que busca seleccionar a los más idóneos para desempeñarlo. Una dimensión de esta idoneidad es que el director “se reconoce como profesional que mejora continuamente” (INEE, 2015). En este espacio, me gustaría reflexionar sobre cómo apoyamos a nuestros directores en este proceso de aprendizaje.

Por: Jennifer O'Donoghue

Esta semana, con el arranque de la aplicación del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), entramos a una etapa de evaluación de los aprendizajes de los alumnos mexicanos. Este primer examen se aplicará a partir del 27 de abril hasta el 14 de mayo a una muestra representativa – a nivel nacional, así como en cinco estados de la república – de alumnos de 15 años, la mayoría cursando su último año de secundaria o su primero de bachillerato. Casi un mes después, desde el 8 y hasta el 19 de junio, se realizará la aplicación de la prueba PLANEA, la que reemplaza ENLACE, a todos los alumnos de 6º de primaria y 3º de secundaria del país. 

Por: Jennifer L. O’Donoghue

El inglés, como una de las principales linguas francas de nuestra época, que impulsa el desarrollo de competencias no sólo cognitivas, sino también sociales, emocionales y ciudadanas, forma parte de nuestro derecho a aprender. Sin embargo, la evidencia demuestra que actualmente estamos lejos de ver el ejercicio pleno y equitativo de este derecho en México: 97% de los egresados de secundaria no alcanzan el nivel previsto en el plan de estudios de la SEP, 86% de las escuelas no cuentan con un maestro de inglés, y persiste una visión de México como país monolingüe.

Hay un refrán que dice, “si no sabes a dónde quieres ir, difícilmente llegarás”. Por esta razón, desde hace varios años, hemos argumentado la importancia de acordar y socializar metas educativas. En diciembre de 2012, difundimos una propuesta ciudadana de estas metas en nuestra publicación Ahora es cuando. Se pueden resumir en una sola frase: La educación debe ser doblemente incluyente.

Hace una semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al legislativo el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual nos da una idea de cuáles serán las prioridades del Estado para el próximo año. Ahora le toca al Congreso discutir, modificar y aprobarlo. En estos meses se nos presenta la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con nuestra población más joven y establecer desde el presupuesto una visión de educación incluyente que no se limita a los servicios escolares a partir de los seis años.

Como hemos argumentado en este espacio anteriormente, el gasto público es uno de los principales instrumentos de política pública en países democráticos. En el caso de la infancia temprana, el uso (o no) de los recursos públicos habla del compromiso del Estado con su obligación de garantizar el derecho de nuestra población más joven a una educación de calidad, entendido como el derecho a aprender y a desarrollarse plenamente. Este derecho – reconocido por acuerdos internacionales desde el Marco de Acción de Educación para Todos hasta la Convención de los Derechos del Niño no inicia en la primaria, sino desde el primer día de vida.

Esta semana regresaron a sus escuelas casi 26 millones de niñas, niños y jóvenes en todo México. Es una época de bastante movimiento, un poco de estrés y de gran ilusión; todos hacemos nuestro mejor esfuerzo (público y familiar) para que nuestros hijos aprendan algo nuevo, para que aprendan a aprender y para que puedan “ser alguien en la vida”.

Sin embargo, en estos momentos no debemos dejar de ver a los que todavía no llegan. Tristemente, tres de cada cuatro niños de tres años aún se quedan fuera de la escuela, mientras que uno de cada cinco jóvenes no continúa sus estudios a nivel secundaria o media superior. Eso no es todo: un número importante de niñas, niños y jóvenes a lo largo del país regresan esta semana a “no escuelas”, es decir, lugares que no cuentan ni con lo mínimo para poder enseñar o aprender. Según cifras de la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, 2013), un porcentaje importante llega a escuelas donde los directores reportan carencias de personal capacitado y ausentismo recurrente (tanto de alumnos como de maestros). Uno de cada cinco maestros en México dice que no se siente preparado para dar su clase y más de la mitad de los maestros señalan que las oportunidades actuales de desarrollo profesional no son relevantes a su práctica, o bien que no pueden acceder a ellas por falta de apoyo.

Mañana, el 15 de mayo, como cada año, celebraremos el Día del Maestro. Habrá desayunos, discursos, regalos y protestas. El gobierno mexicano y los sindicatos tomarán un papel central, los maestros y los niños descansarán, las madres y padres trabajadores se preocuparán por quién va a cuidar a sus hijos y muchos ciudadanos pasarán el día sin pensar mucho en ello.

En Mexicanos Primero, proponemos recuperar el 15 de mayo como un día de reconocimiento y celebración del pacto social entre los ciudadanos y sus maestros. A fin de cuentas, de esto trata la relación. Todos nosotros, tengamos o no hijos, ponemos nuestra confianza en un cuerpo profesional de personas a las que encargamos una tarea fundamental para cualquier sociedad democrática: la formación de las siguientes generaciones.

La semana pasada tuve la fortuna de visitar a grupos de maestros en dos distintos puntos de la República: el primero en Metepec, atestiguando el proceso de certificación de las competencias directivas con maestros de escuelas participando en el Programa Escuelas de Calidad (PEC) en el Estado de México, y la segunda, la implementación de la estrategia tutora en compañía de autoridades estatales y regionales, en una zona escolar en Pénjamo, Guanajuato.

En ambos casos fue evidente el compromiso de maestros para seguir aprendiendo y mejorando su práctica, y de las autoridades para ofrecerles oportunidades y acompañamiento en ese proceso; son señales de cambios que ya están en camino. En primer lugar, son evidencia de una incipiente pero creciente cultura de evaluación, en la cual los maestros valoran y aprovechan oportunidades de recibir un diagnóstico de sus fortalezas y áreas de oportunidad, de participar con sus colegas y con externos, y de comprobar sus habilidades y conocimientos. En segundo lugar, destaca que hay un enfoque cada vez más claro en el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes; el “para qué” de los esfuerzos de maestros. Están dispuestos a innovar, reflexionar y cambiar sus relaciones y su práctica, algunos aun después de 26 años en servicio, para que sus alumnos lleguen cada vez más lejos.

En semanas recientes hemos escuchado de funcionarios públicos, académicos y la sociedad civil sobre la cancelación de la prueba ENLACE. La explicación oficial se dio a conocer este lunes 3 de febrero: la prueba se pervirtió por estar vinculada a los estímulos de los maestros y, por ende, se “pospuso”. Se presentó como si no existiera otra opción, como, por ejemplo, desvincular la prueba de los estímulos (considerando, por cierto, que no se canceló y se aplicará la prueba del Factor de Aprovechamiento Escolar, cuyo único propósito es otorgar estímulos a los maestros).

La reforma al Artículo 3º de la Constitución establece la responsabilidad del Estado de garantizar calidad en la educación obligatoria, entendida como "el máximo logro de aprendizaje". Este planteamiento representa un cambio de gran importancia: ahora se puede entender el derecho a la educación como el derecho a aprender, y la obligación del Estado va más allá de facilitar el acceso a una escuela; implica la obligación de promover el desarrollo de comunidades de aprendizaje eficaces, que cuenten con las personas, las relaciones y las condiciones materiales para la enseñanza y el aprendizaje, y todo esto dentro de un marco de apoyo institucional. El derecho a la educación de calidad nunca significa la excelencia excluyente, sino el aprendizaje incluyente. En pocas palabras, sin equidad, no hay calidad y no hay acceso efectivo al derecho.

Desde hace una semana el desempeño de México en la prueba del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) ha sido tema recurrente en los medios de comunicación. Los resultados han sido decepcionantes. El puntaje promedio no ha mejorado y dejamos a más de la mitad de los alumnos sin los aprendizajes mínimos que ayudan para avanzar hacia una vida plena, participativa y digna. En el panorama comparativo de los 65 países participando en la prueba en 2012, México aparece en los últimos lugares en cada dominio: posición 52º en lectura, 53º en matemáticas y 55º en ciencia.