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Comunicado de Mexicanos Primero ante las amenazas de la CNTE de llamar a un paro laboral

  • No hay gobernabilidad que se funde en el atropello del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
  • Los gobiernos de los estados no deben dar marcha atrás ante lo que son indicios alentadores en la transformación educativa de sus entidades.

Ciudad de México, a 16 mayo 2017.- Ante las amenazas de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de convocar al paro en las escuelas de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, Mexicanos Primero hace un enérgico llamado a que los gobernadores de estos tres estados cumplan con el mandato de garantizar ciclos escolares completos para las niñas, niños y jóvenes de sus entidades. Asistir, aprender y participar en la escuela, de forma ininterrumpida, es su derecho.

Una vez más, los líderes sindicales de las secciones XXII de Oaxaca, VII de Chiapas y XVIII de Michoacán actúan con oportunismo para favorecer sus intereses particulares. Se dan cita en la Ciudad de México, pretenden amagar a la autoridad y negociar el incumplimiento selectivo de la ley, esperando así mantener su “prestigio” hasta la próxima coyuntura. Con su actuar, estos liderazgos discriminan sistemáticamente a la niñez y la juventud de sus respectivas entidades, sólo por mantener sus propias canonjías. Es claro que su interés nunca ha sido la educación, y que se siguen viendo como operadores electorales, figuras subalternas que reparten beneficios a su arbitrio y con favoritismo.

El día de ayer, los dirigentes de la CNTE fueron recibidos en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la Ciudad de México. La SEGOB, a través del director general adjunto de la Unidad de Gobierno, Lorenzo Gómez Hernández, se negó a instalar una mesa de negociaciones e instó a la CNTE a que sus demandas relativas a la educción básica fueran planteadas a las autoridades de ese ramo en sus estados. Cabe recordar que el Poder Judicial Federal ya ha determinado en una sentencia de primera instancia que las autoridades federales y locales no pueden firmar acuerdos con los líderes sindicales que sean contrarios a lo que establece la Constitución y las leyes respecto al ingreso, promoción y reconocimiento al magisterio, pues, de ser así, esos acuerdos son insubsistentes y, por tanto, carentes de valor.

Corresponde a los gobiernos de los estados mantenerse firmes en los indicios alentadores de la transformación educativa. La protesta no justifica ausentarse de las aulas. La manifestación pacífica es un derecho legítimo, pero ello no explica que las autoridades incumplan con sus obligaciones de aplicar las disposiciones y procedimientos a fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo, como lo señala el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Habla de mezquindad la insistencia en recurrir a la excepcionalidad, en proponer la componenda para una paz social tramposa, lo que nada beneficia a la niñez y juventud de dichas entidades. La gobernabilidad a la que se aspira no puede convalidarse mediante actuaciones que busquen favorecer a un sector de la población sobre otro, creando un régimen de excepción sin justificación constitucional válida. Menos aún cuando la Constitución reconoce -y la Suprema Corte ha reiterado- que debe prevalecer el interés superior del niño.

Las y los niños, y sus maestros afectados o amenazados, la ciudadanía y las familias merecen certeza y claridad. No se puede volver a caer bajo el engaño y cálculo político de un liderazgo sindical que ya tanto daño les ha hecho. La autoridad no debe ceder ante las presiones que pretenden revertir la consolidación de los avances hoy registrados. La vía falsa de la negociación extralegal debe quedar cerrada definitivamente No hay gobernabilidad que se funde en el atropello del derecho a aprender de las niñas, los niños y los jóvenes de Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

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